A la vanguardia del debate clásico sobre la justificación del castigo, algunas variantes del republicanismo penal sugieren que tal fundamento debe buscarse en una relación anterior al crimen: en una relación política. Afirman que podemos castigarnos porque pertenecemos, en conciudadanía, a una misma comunidad política. Pero entonces aparece necesariamente la pregunta sobre cómo se justifica el castigo a personas extranjeras. Con referencias al caso argentino, este artículo discute con las explicaciones teóricas ensayadas por Duff y las alternativas de Zedner, Yaffe (...) y Chehtman. El debate, así planteado, parece dirimirse entre fundar la respuesta punitiva en la comunidad entre personas ciudadanas dejando sin orientación normativa a las diversas formas de castigo de las no-ciudadanas o renunciar a una justificación relacional del castigo para todos. Para escapar del dilema, planteo que quienes entiendan que la legitimidad del castigo debe buscarse en algún tipo de relación política preexistente deben redefinir esa relación para que pueda dar cuenta de los diferentes vínculos que nos unen a quienes cohabitamos un mismo territorio político. En lugar de descartar a la membresía política como justificación del reproche penal, sostengo que se puede renunciar a que esa membresía constituya la única justificación posible. Finalmente propongo dos pautas para que una teoría de la justificación del castigo pueda dar cuenta de los diferentes criterios de atribución de la ley penal: el nivel de dependencia y el nivel de participación. (shrink)