El artículo expone dos visiones acerca de la legitimidad del castigo en contextos de exclusión social. En la primera parte, uno de los autores defiende la idea de que los Estados que incumplen con obligaciones legales previas no pueden inculpar a quienes cometan delitos vinculados con ese incumplimiento. No pueden hacerlo porque no tienen el estatus moral para hacerlo de acuerdo a dos objeciones: la de complicidad y la de hipocresía. En la segunda parte, la segunda autora critica esta solución (...) al sostener que la falta de reciprocidad que caracteriza a la relación política vuelve inaplicables las objeciones de hipocresía y complicidad al ámbito del castigo penal estatal. (shrink)