Abstract

En esta obra del profesor Caldera Ynfante, resultado de una ardua investigación científica y académica, se reafirma que la Guayana Esequiba es territorio venezolano basado en la tradición legal inalterada de sólidos títulos jurídicos e históricos que respaldan sus derechos soberanos adquiridos sobre el mismo y su área marina y submarina adyacente no delimitada, apoyados en laDoctrina Bolivariana acerca de la aplicación del principio uti possidetisiuris. Enfocado en elementos de la litigación estratégica, da opciones para la defensa jurídica de Venezuela ante la demanda presentada por el gobierno de Guyana en CorteInternacional de Justicia (CIJ), calificada de improcedente porque la CIJ no tiene jurisdicción sobre Venezuela (ni sobre Guyana); Venezuela no ha dado su consentimiento libre y soberano para someterse al juicio, un requisito obligatorio para su validez; se le han conculcado garantías procesales básicas desconociéndole el derecho a la libre elección de medios de resolución de controversias, el derecho al juez natural, al debido proceso y a la defensa; se ha violado el Acuerdo de Ginebra de 1966 por parte de Guyana y la propia CIJ, bloqueando así la vía diplomática para un arreglo amigable y que Guyana, de manera engañosa, busca revivir la "validez" del Laudo Arbitral deParís de 1899, ya abrogado, abolido y sin efectos jurídicos por lasPartes mediante la ratificación voluntaria del vigente Acuerdo de Ginebra de1966. Se señala que el pleito judicial en la CIJ, tiene una causa y un objeto ilícito, basado en el soborno internacional ejecutado por la petrolera estadounidense ExxonMobil que ilegalmente ha pagado el proceso contra Venezuela a cambio de la explotación del bloque petrolero Stabroeck, ubicado en el área marina no delimitada, adyacente al territorio Esequibo venezolano, objeto de la controversia. Tan grave crimen, impune hasta el presente, contraviene el Derecho Internacional y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (1977) que, por su relación con el pleito, no puede ser ignorado por la CIJ y deber ser investigado en Venezuela y en los EEUU (Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores -SEC-), porque la ExxonMobil y sus principales accionistas se cotizan en Bolsa, debiendo responder sus directivos en lo criminal y ellas en lo patrimonial por el daño causado al Estado y al pueblo venezolano.