Abstract

El presidente de los EEUU, Donald Trump (y sus colaboradores), incurren en la realización de conductas que reúnen los elementos fácticos y jurídicos como para considerarlas configuradoras de la presunta ejecución de los delitos de lesa humanidad de deportación y desplazamiento forzado masivo, de forma flagrante, al revocarle el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 347 mil venezolanos que viven en los EEUU en situación migratoria regularizada conforme a Derecho, dado que la aprobación del TPS, a su favor, está sustentada en la Ley que regula la expedición del TPS, vigente en los EEUU. La arbitraria “cancelación” del estatus migratorio temporal de las personas afectadas está basada en motivaciones políticas, relacionadas con el origen nacional de las víctimas, es decir, por tener nacionalidad venezolana. Cabe indicar que la responsabilidad penal, frente a este tipo de crímenes atroces, es de carácter personal y no trasladable al Estado.