Abstract

Este artículo analiza el ordenamiento electoral de República Dominicana, en sintonía con una tendencia común del derecho público de Occidente, que tipifica el transfuguismo político-electoral y sanciona la conducta desleal del tránsfuga contra las decisiones o los postulados del partido político, con la limitación de sus derechos políticos pasivos, no pudiendo ser postulado ni ser elegido a cargos de elección popular. El transfuguismo traduce una restricción de tipo legal interno contra todo actor político que traiciona a sus compañeros de partido, a su partido o las decisiones de sus órganos partidarios, pactando con otras fuerzas políticas, basada en normas constitucionales, convencionales y en decisiones de organismos judiciales o instancias internacionales de protección de derechos humanos que, de manera vinculante, por efectos de la cosa interpretada (res interpretata), le confieren legitimidad y validez jurídica a la inhabilitación que se impone al transgresor frente a su conducta de perfidia político-partidista. Esto incluye la restricción del goce de sus derechos políticos pasivos, prohibiéndole ser nominado como candidato a cargos públicos, limitándole el derecho a ser elegido, como consecuencia de prácticas de transfuguismo político-electoral.