- Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación - EL ARCHIVO EN LA INSTRUCCIÓN. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. IDENTIDAD DEL JUZGADOR. ADICCIONES, CÁRCEL Y CONDENA CONDICIONAL. EXPULSIÓN DE MIGRANTES CONDENADOS. JUICIO POLiTICO, PÉRDIDA DE JUBILACIÓN Y SANCIÓN PENAL. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO. TRATA Y EXPLOTACIÓN LABORAL. RESPONSABILIDAD PENAL DE VICTIMAS DE PENAS ILICITAS.

Pretendemos acercarnos a la posición que el Tribunal Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia respecto al Derecho de la Unión Europea. -/- La postura del Tribunal Constitucional español es compleja en sí misma por las dudas que plantea, dejando traslucir, se podría decir, cierta indecisión en cuanto a su propia naturaleza de juez comunitario. -/- Considerando la diferente perspectiva que mantiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se puede deducir una especie de relación en la arquitectura judicial (...) europea que está llamada a ser dialéctica y de equilibrio, máxime en una Unión Europea donde también el poder político reside en un sistema de equilibrios en diferentes direcciones. (shrink)

Our purpose is to describe the application of legitimate defense in so-called non-confrontational situations. To do this, we will conceptualize gender violence as that which against women, due to their condition as such, and we will describe the absence by the courts in the identification of this problem. Second, we will analyze the reception of Argentine and international legislation on the treatment of gender violence and the recommendations and criteria to take into account when interpreting and applying criminal law. Finally, (...) we will present the treatment of legitimate defense in contexts of gender violence, analyzing each of its elements. Our conclusions will focus on the need to address situations of gender violence based on international regulations for the application of legitimate defense in non-confrontational situations. (shrink)

Hacia la reconstrucción de un modelo integrado de proporcionalidad a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

O Judiciário moderno constitui um sistema hierarquizado e centralizado, em que cortes superiores, com um número pequeno de membros, têm a função de “dar a última palavra” para resolver desacordos doutrinários entre instâncias inferiores – e inclusive rever decisões das demais autoridades. Essa estrutura hierárquica implica uma fonte peculiar de instabilidade: o tribunal superior se torna como que um “ponto único de falha” suscetível à captura, à pressão indevida, à sobrecarga, e até a súbitas mudanças doutrinárias – pondo em risco (...) seu alegado papel de estabilizador do regime democrático. Isso é salientado quando tais cortes sofrem pressão, ou quando há reviravoltas decorrentes de uma maioria frágil no tribunal – a exemplo do debate sobre a prisão em segunda instância no Brasil. Analiso como o desenvolvimento tecnologias de informação e comunicação (TICs) poderia mitigar este problema por meio de um sistema que agregue decisões judiciais de instâncias inferiores a fim de resolver conflitos de jurisprudência numa determinada jurisdição; isso equivaleria a um sistema de votação que substituiria a atuação da corte de última instância na unificação de jurisprudência – como se a última instância fosse, na realidade, composta pelo judiciário como um todo. Isso alteraria a estrutura de decisão hierarquizada do judiciário, no que diz respeito a divergências entre magistrados, aumentando a descentralização do sistema – associada ao ideal da tradição de common law. Embora original, a proposta é modesta, e poderia ser atingida por meio de mudanças incrementais, sem ruptura institucional, a partir de práticas e tecnologias já existentes – e uso como exemplo ferramentas de legal analytics e o sistema de “repercussão geral de recursos extraordinários” do Brasil, no qual se utiliza processamento de linguagem natural para filtrar e classificar processos de acordo com o tema. Ao final, discutem-se possíveis vantagens e desvantagens dessa proposta, como características epistêmicas da descentralização e o risco de “rigidez” na evolução da doutrina jurídica – em especial no que se refere aos longos mandatos de membros de tribunais superiores. Concluímos que a descentralização da unificação da jurisprudência pode contribuir para mitigar o risco de, com o desenvolvimento da tecnologia, maior concentração de poder. (shrink)

El principio de seguridad jurídica tiene, como una de sus manifestaciones características, dentro del Estado de Derecho, la fuerza de cosa juzgada (res iudicata) que se atribuye a las sentencias o resoluciones judiciales equivalentes firmes, y que implica tanto su impugnabilidad como su potencial influencia en litigios posteriores que guarden una conexión con el asunto ya resuelto en firme. Sin embargo, es posible que estas decisiones judiciales firmes de jueces nacionales, por diversas causas (error, omisión, interpretación manifiestamente contraria, etc.) vulneren (...) el Derecho de la Unión Europea y, por tanto, afecten tanto a su primacía como a su efectividad en sus relaciones con los ordenamientos jurídicos nacionales. El Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de enfrentarse al dilema de ponderar el principio de fuerza de cosa juzgada con las primacía y efectividad del Derecho de la Unión en diversas sentencias. Este trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación y revisar la jurisprudencia más importante al respecto hasta la actualidad. (shrink)

El Tribunal de Justicia ha comenzado a utilizar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como un instrumento con fuerza jurídica equivalente al Tratado, a la vez que amplía el ámbito de su control jurisdiccional y su posición como garante de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Sin embargo, esto debería ir acompañado de una auténtica garantía de los mismos y una pormenorizada justificación de sus límites y restricciones, lo que no parece evidente en todos los (...) casos. (shrink)

El artículo ofrece un panorama del precedente en el Civil Law con el objetivo de distinguir los problemas que pueden presentarse en los sistemas jurídicos que tienen una práctica formal o institucionalizada de precedente, de aquellos en los que no la hay. Se identificó que se introdujo el precedente como una forma de responder a las crecientes demandas de administración de justicia en la materia y delimitar la discrecionalidad del operador jurídico. Por tanto, la tesis de fondo de este trabajo (...) es que, en la operación regular de los sistemas jurídicos del Civil Law, tanto los tribunales constitucionales y la jurisdicción en general identificaron la necesidad práctica de dotar de contornos a los derechos humanos —en tanto disposiciones jurídicas a concretar jurisdiccionalmente—. (shrink)

El trabajo consiste en una elucidación de los elementos que conforman el concepto de pena natural (poena naturalis) en el Derecho penal. Se puede caracterizar la pena natural como el daño o sufrimiento que recae sobre el autor de un delito, producto de la comisión del mismo, que debe ser descontado de la pena legal que ha de aplicársele. Si bien existe un mínimo acuerdo sobre esto, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina penal se observan serios desacuerdos (...) acerca de los requisitos que se deben cumplir para reconocer que se está frente a una pena natural. Para elucidar los elementos, se utilizará el constructivismo conceptual de Ronald Dworkin, a fin de describir el desacuerdo y sus implicancias, reconocer los elementos principales de la pena natural y justificarlos bajo su mejor luz moral. ABSTRACT This study focuses on the clarification of the conceptual elements of poena naturalis in criminal law settings. The poena naturalis is the damage or suffering that falls on the convict for its commission. This damage must be deducted from the poena forensis to be applied. Although there is a minimum agreement about the concept of poena naturalis, in the jurisprudence and among legal scholars, there are serious disagreements about the elements of poena naturalis. To elucidate the elements, I will adopt Ronald Dworkin’s conceptual constructivism to describe the disagreement and its implications. At last, I will justify the main elements of the poena naturalis by their best moral light. (shrink)

En 1960 ingresaba José María Haro Salvador en la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación con un discurso titulado «Relaciones y fronteras entre la Caridad y la Justicia». Tomaba cuerpo ahí la experiencia dilatada de un jurista cuya pasión por lo social le había conducido de forma absolutamente natural desde su juventud hacia los problemas jurídicos relacionados con el mundo del trabajo y la promoción social de los obreros. Era en una época, además, marcada por un importante proceso (...) de institucionalización de organismos públicos, procedimientos y discursos sin referencia a los cuales no se entendería en muy buena medida la España del presente. En este proceso tuvo también José María Haro un papel decisivo, tanto por su labor en la magistratura del trabajo, de la que fue primer titular en la Valencia de la postguerra, como en el Instituto Nacional de Previsión (I. N. P.), cuya delegación provincial comenzó a presidir en 1950. Ahí encontró un canal extraordinario para la proyección de sus ideales sociales, germinados en el suelo del magisterio pontificio y de la tradición del catolicismo social que tan importante impulso recibió en Valencia entre los siglos XIX y XX, gracias a las figuras insignes del P. Antonio Vicent, Antonio y Rafael Rodríguez de Cepeda, Juan Reig Genovés y muchos otros. De todos ellos se declara en débito José María Haro a lo largo de las páginas que componen este libro, muchas de ellas publicadas hoy por primera vez, más de medio siglo después de su redacción. Sin duda el paso del tiempo se hará notar en muchas de estas ideas, que necesariamente deben ser leídas en su contexto. En estos últimos cincuenta años han sido enormes los cambios producidos en el terreno de las ideas tanto como en el de las instituciones. Las leyes se suceden, las obras se transforman, algunas incluso mueren, pero los principios permanecen, porque no tienen su fuente en las circunstancias, necesariamente variables, de nuestra condición histórica, ni en las orientaciones particulares de una determinada política o de un régimen. Al contrario, beben del Evangelio y del derecho natural, de cuya síntesis y vitalidad es todo este libro un penetrante y constante reclamo. (shrink)

Se estudia, con fines académicos, el proceso penal de única instancia o de jurisdicción privilegiada, ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana, previsto en el artículo 154.1 de la Constitución dominicana de forma expresa con el objetivo de asegurar el funcionamiento de altos cargos del Estado siendo sujetos procesales pasivos aquellos funcionarios públicos investidos de inmunidad o fuero procesal. Para que la SCJ tenga competencia judicial inobjetable y pueda juzgar válidamente, en única instancia, a personas particulares sin (...) dicha prerrogativa procesal, por arrastre o por conexidad de la causa, tiene que estar autorizada expresamente por la ley procesal penal dominicana (que no es el caso) sin que le valga invocar la jurisprudencia interna porque contradice el derecho convencional y desconoce decisiones vinculantes -cosa interpretada de la Corte Interamericana de DDHH. (shrink)

En este texto se presenta un espacio de intercambio de conocimientos desde una perspectiva científica, técnica y jurídica, para contribuir a la protección de los recursos naturales. Debido a la importancia de establecer mecanismos para proteger la biodiversidad y posibilitar la preservación de los conocimientos asociados especialmente al uso de la flora medicinal, la Línea de Investigación en Política y Legislación, del Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Facultad de Medicina, y la Línea de Derecho Ambiental (...) y Grupos Étnicos, del Grupo de Derechos Humanos de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, desarrollaron este libro a través del cual la Universidad se propone profundizar en el panorama actual de la reglamentación y política –Internacional, nacional y local—respecto a la flora medicinal y al patrimonio cultural inmaterial asociado a ésta. (shrink)

Este proyecto responde a un momento histórico de gran importancia, que por supuesto no pudo ser más oportuno. Colombia celebra en el año 2006 los quince años de la promulgación de su Constitución Política, y los cambios de trascendentales surgidos a partir de su aplicación has sido prolíficos, Particularmente, el tema ambiental ha sobresalido dentro de las grandes transformaciones del país, y por ello no en vano hoy se afirma que tenemos una verdades Constitución ecológica. De igual forma, la Facultad (...) de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario conmemora los die años de la creación de la especialización en Derecho Ambiental, y tal coincidencia histórica fue una motivación adicional para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida en este decenio, una evaluación de la gestión ambiental colombiana y de sus distintos impactos en una sociedad que cuenta hoy en día con herramientas constitucionales legales para la defensa de sus derechos e interese colectivos. La Universidad del Rosario ha sido parte de esta evolución, desarrollando un rol activo con el cual se han abierto espacios de discusión y de proposición de alternativas, herramientas y experiencias en pro de la protección integral de la diversidad étnica, cultural y natural de la Nación colombiana. Así, se ha constituido como facilitadora del proceso de la formación de los nuevos actores y ha tenido gran posicionamiento en procesos de participación y de estructuración de proyectos institucionales ambientales. (shrink)

En los últimos tiempos el derecho ambiental ha ganado un puesto importante en el ámbito jurídico, hecho que refleja la preocupación que hoy se tiene por la relación del hombre con su entorno. Desde hace quince años, la Universidad Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, por intermedio de su Facultad de Jurisprudencia y concretamente de la Especialización y la línea de investigación en Derecho Ambiental, ha propuesto a través de diversos proyectos avanzar en el conocimiento y análisis del (...) ordenamiento jurídico ambiental, aportando así al desarrollo, estructura y consolidación de esta rama jurídica. Bajo estos parámetros, el objetivo de esta publicación es hacer algunas reflexiones en torno a distintos temas que dentro del derecho público impactan o influyen al derecho ambiental y responder a los enormes desafíos que se presentan en la materia. Por tanto, el programa quiere contribuir desde la academia al diálogo crítico y propositivo que permita dar solución a los problemas encontrados en la aplicación del derecho ambiental. En el primer capítulo, Gloria Amparo Rodriguez describe los ordenamientos jurídicos constitucionales de Colombia, Ecuador y Bolivia a fin de analizar la forma en que cada uno de ellos consagra el derecho a un ambiente sano. A continuación, Martha Ovalle y Zelba Nidia Castro de Perez realizan un estudio de los principios de precaución y prevención, exponiendo su alcance, su fundamento desde el derecho internacional y cómo vienen siendo entendidos por nuestro ordenamiento jurídico, tanto jurisprudencial como legal. Luis Adolfo Diazgranados se ocupa de la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia ambiental, para lo cual realiza un análisis de los deberes consagrados en la normatividad vigente. Continuando con esta temática, el profesor Jorge Agudo Gonzalez, de la Universidad Autónoma de Madrid, explora la incidencia del ambiente y los recursos naturales en los procesos contractuales, a fin de mostrar cómo estas materias se han constituido en variable fundamental en el devenir de la formación, celebración y ejecución de los contratos, desde un punto de vista crítico, los aspectos importantes del proceso sancionatorio ambiental, evidenciando las falencias y vacios del a Ley 1333 de 2009. Jairo Cabrera plantea algunas reflexiones sobre la responsabilidad, valiéndose de la doctrina internacional, sobre la problemática de la reparación por daño ambiental. Por su parte, Leonardo Güiza Suárez explica el régimen general de la responsabilidad ambiental en el ordenamiento jurídico a partir del daño de los bosques naturales y su incidencia sobre los derechos humanos. Andres Gomez Rey, desde la teoría del acto administrativo, desarrolla el análisis crítico del régimen jurídico de las aguas superficiales en el derecho ambiental. Giovani J. Herrera Carrascal realiza una disertación sobre los recursos naturales y el ambiente como elementos del espacio público que a su vez constituye en un componente del medio ambiente urbano a partir de la jurisprudencia y de las competencias respectivas. Por último, Marybell Ochoa Miranda trate el tema de los residuos hospitalarios en Colombia, exponiendo su régimen jurídico, las competencias de las autoridades ambientales, los deberes que en estos asuntos tienen los ciudadanos, proponiendo lineamientos para avanzar en la consolidación de la gestión integral de residuos hospitalarios y similares. (shrink)

El Derecho y la Ética mantienen una relación estrecha, aunque no muchas veces se le brinda la atención que dicha vinculación merece. El análisis y la evaluación moral de las instituciones jurídicas y políticas conforman lo que se denomina "Jurisprudencia Normativa" o también "Ética Política". Una disciplina capaz de hacer avanzar el estudio de políticas públicas y herramientas jurídicas y sociales y, a la vez, juzgar su adecuación a criterios de corrección moral política. Este ha sido nuestro objetivo en (...) la compilación de los trabajos que componen este libro: ofrecer una investigación tanto de las instituciones como de las acciones de quienes participan en las prácticas que tienen lugar a partir de dichas instituciones. Los trabajos que se compilan aquí parten de un hecho difícilmente controvertible, esto es, que tanto los ciudadanos como los operadores jurídicos, en tanto participantes activos de una sociedad, pueden adoptar una actitud reflexiva frente a las instituciones jurídicas. De hecho, la concepción que se pretende impulsar a través de nuestras investigaciones afirma que existe un deber de desarrollar esta actitud. Al menos es un deber que corresponde a aquellos que están de una u otra manera vinculados con las profesiones jurídicas. Esta actitud de reflexión crítica se presenta en dos tipos de juicios de moralidad política: uno relacionado con las instituciones y otro con las acciones que se llevan a cabo dentro de aquéllas. (shrink)

Este trabajo gira en torno al casuismo. Se hace hincapié en su necesidad para la ética biomédica. A través de su carácter analógico, se pone de manifiesto, a su vez, su dependencia de los principios. Sin embargo, ni principios ni casos bastan por sí solos para iluminar completamente las decisiones biomédicas, que presentan un notable componente de incertidumbre. Una decisión no es un objeto preexistente, sino algo que hay que producir, un operable. Aquí se pone de manifiesto que esta realidad (...) no se puede abordar si no es a través de la noción clásica de prudencia, en el sentido de la phrónesis aristotélica. Una vez esbozada ésta en sus líneas generales, dando cuenta de sus aspectos morales e intelectuales, es posible enfocar de nuevo el casuismo con nueva luz, superar las críticas más importantes y comprender que la relación clínica es también una relación jurídica, por lo que el papel del Derecho, y en particular el de la jurisprudencia, se muestra vital. (shrink)

Se lleva a cabo un planteamiento del estatus de la naturaleza en el ordenamiento jurídico como sujeto y objeto de derechos. Para lograr este objetivo, los autores se valen de una metodología inductiva a partir de un análisis descriptivo desde la doctrina, jurisprudencia y normas primarias. Con ello, se busca, en primer lugar, responder a la cuestión de si es posible o no que un ordenamiento jurídico contemple derechos de la naturaleza; en segundo lugar, se pretende evidenciar cómo el (...) reconocimiento de derechos sobre la naturaleza por parte de la jurisprudencia en Colombia cuenta con presupuestos comunes pese a que aún no se contemplan reglas claras sobre la asignación de derechos a la naturaleza. Al final, se realiza un llamado de atención para comprender esta figura más como un instrumento que el Estado debe utilizar a favor de la naturaleza, que como un decálogo de derechos. (shrink)

El presente libro busca aportar desde la academia algunas visiones sobre los debates vigentes de la donación y trasplante de órganos. Esto, por medio del estudio juicioso de la normatividad y la jurisprudencia, así como de la solución de controversias que no están legisladas y les corresponde a los administradores de justicia resolverlas. Asimismo, señala la necesidad de regular los aspectos aquí planteados que, por los vacíos normativos, dificultan la realización del procedimiento médico de trasplante y donación de órganos.

En diversas ocasiones se han producido tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que han trascendido a la opinión pública y que han sido motivo de debates, tanto en la doctrina como en la arena política. -/- Estas tensiones se agudizaron con ocasión de la famosa condena por responsabilidad civil de los Magistrados del Tribunal Constitucional por parte de la Sala Primera del Tribunal Supremo; y que ha sido causa de que el legislador haya introducido en la reforma (...) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional una serie de medidas tendentes a fortalecer la posición institucional del máximo intérprete de la Constitución. -/- En este trabajo tratamos de acercarnos a estas tensiones, tanto cuando interviene la Sala Primera del Tribunal Supremo, como cuando interviene la Sala Segunda y la relevancia que tiene cada episodio. -/- A esta situación, se une la fuerza jurídica con la que se acaba de dotar al Tribunal Constitucional con motivo de la reciente reforma de su ley orgánica. El Tribunal Constitucional dispone ahora del instrumento del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que pretende garantizar la fuerza vinculante de su jurisprudencia que ya se desprendía de la Constitución y su ley orgánica. -/- Es necesario estudiar si esta reforma va a ser o no suficiente para garantizar de forma definitiva la supremacía del Tribunal Constitucional en nuestro sistema jurídico-constitucional; y en qué medida esta reforma afecta al equilibrio institucional existente. -/- También se reflexiona, en último lugar, sobre la conveniencia de una articulación distinta del sistema de responsabilidad de los Magistrados constitucionales, que, sin restarles independencia, les dote de una mayor legitimidad en el ejercicio de su función. (shrink)

Resumen. -/- Premio de artículos jurídicos «GARCÍA GOYENA» (Curso 2013-2014). Tercer accésit El proceso de integración europea, en el que vivimos inmersos, reviste caracteres económicos, sociales, políticos y jurídicos; que dotan de características peculiares a un proyecto de integración cuya naturaleza está en constante discusión, casi tanto como su futuro. Sin duda, uno de los grandes protagonistas del proceso de integración ha sido y es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo con la proclamación y consagración de (...) los principios definitorios de la relación entre el ordenamiento comunitario, hoy de la Unión Europea con los ordenamientos nacionales: los principios de eficacia directa y de primacía del Derecho comunitario. Esto lo ha hecho a la vez que desarrollaba su jurisprudencia sobre las libertades económicas fundamentales consagradas en el Tratado de la Comunidad Económica Europea (libre circulación de mercancías, libre prestación de servicios, libre circulación de trabajadores y libre circulación de capitales). Este trabajo tiene por objeto estudiar dicha jurisprudencia, analizando el papel preponderante de la libre circulación de mercancías, así como las perspectivas de futuro tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. -/- Abstract. -/- The process of European integration, in which we are immersed, has economic, social, political and legal characters giving special characteristics to an integration project whose nature is in constant discussion as its future. Certainly one of the great protagonists of the integration process has been and is the European Court of Justice, especially with the proclamation and consecration of the defining principles of the relationship between Community law, now European Union law, and national law: principles of direct effect and supremacy of EU law. ECJ recognised this principles while it developed its jurisprudence on fundamental economic freedoms recognised in the Treaty establishing the European Economic Community (free movement of goods, freedom to provide services, free movement of workers and free movement of capitals). This work aims to study this case law, analyzing the dominant role of the free movement of goods as well as the future trends after the entry into force of Lisbon Treaty. (shrink)

La primacía y efectividad del Derecho de la Unión Europea se proyecta también sobre la Administración Pública y sobre sus actos. Esto obliga a la Administración, como sucede con el juez nacional, a aplicar el Derecho europeo de forma efectiva, lo que exige realizar una interpretación conforme del derecho interno y de la práctica administrativa. -/- Sin embargo, a diferencia del juez nacional, la Administración Pública carece de la guía interpretativa del Tribunal de Justicia. Esto hace muy necesario tener en (...) consideración la doctrina de este tribunal sobre la primacía y efectividad del Derecho europeo y su proyección sobre los actos administrativos, donde si bien la seguridad jurídica protege como regla general a los actos administrativos firmes, en algunos casos se deriva una facultad o una obligación de revisión de actos administrativos firmes. -/- El presente trabajo tiene como propósito realizar un análisis actualizado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la aplicación de la primacía y efectividad del Derecho de la Unión sobre los actos administrativos. (shrink)

Como es sabido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha precisado que las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho de los Estados miembros están regidas por el principio de primacía del primero sobre los segundos. Sin embargo, la autoridad formal que puede ostentar el Derecho de la Unión Europea en los sistemas jurídicos nacionales no va a depender en exclusiva de la jurisprudencia de dicho tribunal, sino que está condicionada, en gran medida, (...) por las características de cada ordenamiento nacional, y la jurisprudencia de los tribunales constitucionales o supremos nacionales. -/- De hecho, en gran parte de los Estados miembros, fundamentalmente en la jurisprudencia de los tribunales constitucionales o supremos de los mismos, se pueden encontrar ciertas reservas o límites a la aceptación de la primacía del Derecho de la Unión. El propósito de este trabajo es estudiar el origen y desarrollo de estas reservas como límites constitucionales a la integración europea para que, consiguiendo un pequeño esbozo de la situación actual de estos límites, podamos comprender mejor las relaciones entre las más altas cortes de los Estados miembros y el Tribunal de Justicia en un sistema jurídico multinivel. (shrink)

La función de los órganos jurisdiccionales nacionales como jueces ordinarios del Derecho de la Unión Europea es una de las cuestiones jurídicas fundamentales del proceso de integración europea. -/- En el ámbito de dicha función, la cuestión prejudicial es un instrumento esencial para garantizar una interpretación y aplicación homogénea del Derecho de la Unión además de coadyuvar a la cooperación entre los jueces nacionales y el Tribunal de Justicia. -/- Vamos a tratar de estudiar este instrumento del planteamiento de la (...) cuestión prejudicial, en particular por parte de los órganos jurisdiccionales españoles, tanto desde el punto de vista europeo como nacional, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de nuestro Tribunal Constitucional. (shrink)

El derecho a la propiedad forma parte indiscutible de la historia y evolución del constitucionalismo, y encuentra su reconocimiento en el artículo 33 de la Constitución Española delimitado por su función social. Cuando se van a cumplir 40 años de nuestra Carta Magna es un buen momento para realizar una revisión de su configuración en nuestro sistema constitucional y, teniendo en cuenta la apertura de nuestro texto constitucional, aproximarnos al mismo desde una perspectiva multinivel, atendiendo por tanto a la importancia (...) de su configuración en el nivel externo, en especial en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Derecho de la Unión Europea. (shrink)