Todos los días se prueban nuevos psicofármacos, tratamientos para el VIH/SIDA o el cáncer, entre otras enfermedades. Algunos de esos tratamientos son lo suficientemente exitosos como para cronificar enfermedades antes consideradas mortales, como los antirretrovirales para el VIH/SIDA o el imatinib para la leucemia mieloide a principios del 2000. No obstante, antes de que puedan ser comercializados o estar disponibles en los sistemas de salud pública, deben pasar por una serie de rigurosas pruebas de calidad, seguridad y eficacia. Estas pruebas (...) implican el testeo de las drogas en animales y su estudio en seres humanos, sanos o enfermos. Estrictas normas de buenas prácticas científicas y éticas regulan todo el proceso de las investigaciones biomédicas. El problema de mi tesis se centra en el momento de la finalización de los estudios en seres humanos. Alguien podría preguntarse qué pasa con las personas si se benefician clínicamente del tratamiento experimental durante el estudio cuando este finaliza. La interrupción abrupta de un tratamiento beneficioso podría poner en peligro la salud de los sujetos. Y en el caso de sujetos de investigación afectados por enfermedades crónicas, es probable que deban continuar con el tratamiento beneficioso u otra atención adecuada por el resto de sus vidas. Un sujeto de investigación estadounidense sin seguro de salud que participó en un estudio de largo plazo de diabetes resume estas preocupaciones: "de repente cortan la cuerda, y uno está solo por su cuenta ... O conseguís trescientos o cuatrocientos dólares por mes para seguir con esto o simplemente seguís adelante y morís". Este tipo de casos me llevaron a preguntar si existe alguna obligación moral de proveer el tratamiento beneficioso a un sujeto de investigación que no puede pagárselo. Muchas personas podrían pensar que interrumpir el tratamiento beneficioso al sujeto de investigación que padece de diabetes y no tiene seguro para cubrir un tratamiento es incorrecto, porque nadie debería morir de una enfermedad o dedicar todos los recursos disponibles para sobrevivir, especialmente cuando se contribuyó a encontrar una cura o a obtener la evidencia científica necesaria para desarrollar un mejor tratamiento que el existente. Otras personas podrían pensar que lo correcto es ofrecer el tratamiento a un "precio justo", y si la persona no puede pagar por la continuidad de tratamiento es su responsabilidad. Mi intuición es que una sociedad democrática justa tiene una obligación moral de establecer un sistema de continuidad de tratamiento beneficioso para los sujetos de investigación. En esta tesis intento justificar filosóficamente esta última intuición básica utilizando el marco teórico de la teoría de la justicia de Rawls. Elijo utilizar la teoría rawlsiana, porque esta teoría me permite ubicar los problemas morales con respecto a la continuidad de tratamiento beneficioso en su contexto social adecuado y en el contexto de la búsqueda general de una sociedad más justa. En particular, la encuentro especialmente adecuada para explicar fenómenos complejos de responsabilidad social como los que creo que subyacen en el problema de la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación. Como mostraré más adelante, es imposible tener en cuenta los aspectos morales de la continuidad de tratamiento beneficioso aislada de la sociedad en la que se realizan los estudios con seres humanos. En el capítulo 1 presento una introducción general al tema de la ética de la investigación y al problema de la continuidad de tratamiento beneficioso. En el capítulo 2 intento determinar el campo de estudio de la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación. Para eso, mi estrategia es la siguiente. Primero, busco identificar los casos de estudios clínicos donde se daría la obligación de continuidad beneficiosa hacia los sujetos de investigación. Segundo, presento el problema de la justificación moral de la obligación de continuidad y la necesidad de discutir las justificaciones basadas en la idea de justicia como reciprocidad. Para esto, en la sección 2, identifico la obligación de continuidad de tratamiento a través de una selección de sus casos paradigmáticos en la literatura. Comienzo con el caso de los estudios clínicos con antirretrovirales llevados a cabo en Sudáfrica en personas con VIH/SIDA. Luego, introduzco el concepto teórico de sistema de continuidad de tratamiento beneficioso. Este concepto me permite evaluar y comparar teóricamente cómo diferentes sociedades hacen frente al problema de proveer la continuidad de tratamiento beneficioso a los sujetos de investigación. Por último, rastreo los casos ejemplares de obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos en países desarrollados, con énfasis especial en los Estados Unidos. En la sección 3, analizo algunos problemas de confusión o ambigüedad más importantes en torno a la obligación. Primero, analizo el nombre de la obligación. Luego, trato de distinguir la obligación de continuidad de tratamiento hacia los sujetos de investigación de la obligación de disponibilidad razonable, una confusión muy común en la literatura de la ética de la investigación. Finalmente, me detengo a analizar una posible ambigüedad en el concepto de "tratamiento beneficioso" y utilizo algunos de los casos paradigmáticos identificados para argumentar a favor de mi interpretación. Atacado el primer problema, en la sección 4 y 5 me vuelco a relevar el problema de la justificación moral de la obligación de continuidad. En la sección 4, reconstruyo lo que llamo la "versión simple" del concepto de obligación a partir de la discusión sobre las fuentes de la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso. Luego, planteo la necesidad de investigar las justificaciones basadas en la idea de justicia como reciprocidad debido a las ambigüedades y la falta de un marco teórico claro dentro del campo de la ética de la investigación en seres humanos. Finalmente, en la sección 5, introduzco algunas distinciones clásicas con el fin de complejizar el marco teórico de las obligaciones, el cual será utilizado en la discusión de los próximos dos capítulos. En el capítulo 3 discuto la justificación de la obligación de continuidad de tratamiento que da el modelo económico de Alan Wertheimer. En la sección 1 del capítulo, debido a lo específico del tema y lo poco conocido del autor, introduzco a la persona y el contexto institucional de su obra. En la sección 2 del capítulo, distingo tres interpretaciones del concepto de justicia como reciprocidad e intento mostrar que Wertheimer utiliza una interpretación caracterizada por el uso mutuo y el intercambio de beneficios, a la cual llamo "reciprocidad de mercado". En la sección 3, presento el marco teórico del modelo económico. La pregunta fundamental de Wertheimer es la siguiente: ¿tienen los investigadores o patrocinadores una obligación supercontractual de proporcionar la continuidad de tratamiento u otros beneficios a los sujetos de investigación? Según el autor, el consenso en ética de la investigación responde de manera afirmativa a esta pregunta y como fundamento de esta obligación se encontraría lo que Wertheimer llama "el principio de interacción". Analizo este principio y presento las críticas que hace Wertheimer al mismo. En la sección 4, presento la respuesta a la pregunta fundamental que da Wertheimer mediante su "argumento estratégico". En la sección 5 analizo la solución dada por Wertheimer e intento explicar algunos de los supuestos principales del modelo, a saber, (i) la lógica del argumento estratégico, (ii) la fuerza moral de los conceptos de Pareto y (iii) el compromiso del modelo económico con la restricción de la información. Por último, en la sección 6 presento mis críticas al modelo económico. En el capítulo 4 presento el modelo de reciprocidad democrática, inspirado en la teoría de la justicia de Rawls. Este modelo se presenta como un marco teórico y una interpretación de la justicia como reciprocidad alternativos al modelo económico presentado en el capítulo anterior. En la sección 2 del presente capítulo, explicito los problemas del marco teórico relacionados con el concepto de justicia como reciprocidad que subyacen a la discusión sobre la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación. Para esto, me centro en tres puntos: (i) la relación del principio de justicia como reciprocidad y el concepto de obligación; (ii) el problema del alcance del principio de reciprocidad, y (iii) la relación entre el principio de reciprocidad y el concepto de equidad, o lo que llamo "el problema de la medida de la reciprocidad". En la sección 3, defino con mayor claridad el enfoque rawlsiano de la justicia distributiva y expongo una crítica a los argumentos antirrawlsianos esgrimidos por los defensores del modelo económico que afirman que los principios de justicia política de Rawls no se aplican a los individuos. Si mi respuesta a los defensores del modelo económico es correcta, los principios de justicia política se aplican a los individuos de manera indirecta, mediante la asignación de obligaciones posicionales por parte de la estructura básica de instituciones de una sociedad democrática, y permiten garantizar igual justicia a todos los miembros de la sociedad. En la sección 4, presento mi propuesta original de cómo entender la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación. Esta sería una obligación posicional perfecta correlativa con el derecho a la salud en sociedades democráticas justas o moderadamente injustas. En la sección 5, muestro de manera detallada el mecanismo apropiado para extender los principios de justicia política al caso de la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación. Con este objetivo, introduzco la idea de secuencia en cuatro etapas, que permite evaluar y diseñar nuevos esquemas institucionales para dar contenido a la obligación de continuidad de tratamiento. Y presento los principios de obligaciones y deberes individuales, que cierran el sistema rawlsiano brindando razones morales a los individuos para extender los esquemas institucionales justos a nuevas situaciones, reformar los existentes y cumplir con las obligaciones posicionales asignadas por estos nuevos esquemas. Por último, en la sección 6, discuto las objeciones más importantes al modelo de justificación de reciprocidad democrática. Por último, en la conclusión general, hago un intento de aplicación del marco teórico del modelo de reciprocidad democrática al análisis de los sistemas de continuidad de tratamiento para países como Argentina o Brasil y presento las líneas más importantes para la investigación futura. (shrink)

En base al problema de la posible obligatoriedad de las vacunas contra el Covid-19, este trabajo se plantea qué fuentes permiten fundar la imposición de medidas colectivas. La teoría del contrato social ofrece una base racional a la universalidad de las obligaciones éticas y de derecho natural, incluido el respeto condicionado a un ámbito protegido de integridad física y moral individual. Sin embargo, la aplicación práctica del pacto está sometida a la incertidumbre de qué consecuencias efectivas tienen las políticas. (...) Los principios éticos muestran el problema de la aplicación en el entorno de la incertidumbre epistemológica. Sólo en una sociedad libre, con libre escrutinio y deliberación, puede alcanzarse el conocimiento justificado que permita acordar las medidas sociales. Las características del caso objeto de este artículo conduce a la conclusión de que las vacunas del Covid-19 no son obligatorias éticamente, de forma universal, pero sí pueden generar medidas sanitarias razonadas, de promoción y limitaciones, en base a los efectos positivos probados, como una cuestión técnica. (shrink)

El problema de la transición de los participantes desde una investigación hacia la atención de la salud apropiada es un problema global. La publicación de una nueva versión de la Declaración de Helsinki es una excelente oportunidad para repensar este problema. Según mi interpretación, la Declaración de Helsinki 2013 introduce dos tipos diferentes de obligaciones posinvestigación, a saber, (1) obligaciones de acceso a atención de la salud y (2) obligaciones de acceso a información. Los beneficiarios pretendidos de (...) estas obligaciones son los participantes individuales de estudios de investigación. Y la Declaración identifica a los patrocinadores, investigadores y gobiernos de los países anfitriones como los principales agentes responsables de cumplir con las obligaciones posinvestigación. Para justificar esta interpretación de los tipos, agentes y beneficiarios de las obligaciones posinvestigación, presento primero una clasificación tentativa de las obligaciones posinvestigación. Luego hago una breve reconstrucción conceptual de las formulaciones de las obligaciones posinvestigación en las versiones anteriores de la Declaración y reviso las principales críticas. Finalmente presento un análisis crítico de la nueva formulación de las obligaciones posinvestigación basándome en la discusión de las secciones anteriores. [ABSTRACT] The problem of transitioning research participants when the study is concluded to the appropriate health care is a global problem. The publication of a new version of the Declaration of Helsinki and its public discussion is a great opportunity to rethink this problem. According to my interpretation, the Declaration of Helsinki 2013 identifies two different types of post-trial obligations, namely, (1) obligations of access to health care and (2) the obligations of access to information. The intended beneficiaries of these obligations are individual participants of research studies. And the Declaration identifies the sponsors, researchers and host country governments as the main agents responsible for complying with the post-trial obligations mentioned above. To justify this interpretation of the types, agents and beneficiaries of post-trial obligations, I first introduce a tentative classification of post-trial obligations. Then I make a brief conceptual reconstruction of formulations of post-trial obligations in earlier versions of the Declaration and revise the main critiques. Finally I advance a critical analysis of the new formulation of post-trial obligations based on the discussion in the previous sections. (shrink)

La emergencia climática impacta en el derecho humano a la salud, por lo que los Estados y la comunidad internacional deben tomar medidas concertadas y urgentes para enfrentar esta problemática. Este informe tiene como objetivo brindar herramientas desde un enfoque centrado en la relación entre el clima y la salud para abordar algunas de las preguntas sobre las obligaciones de los Estados incluidas en la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos presentada por Colombia y Chile ante la (...) Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto, la adaptación de los sistemas de salud emerge como una prioridad para enfrentar los desafíos de la emergencia climática, especialmente para los grupos vulnerables, como mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas. Se describen facilitadores para una transición justa hacia una sociedad resiliente al cambio climático, incluyendo diversas formas de justicia (reconocimiento, procedimental, distributiva, intergeneracional y epistémica). Así como también, el deber de los Estados de investigar y establecer prioridades de investigación como garantía del derecho a la salud. Se aborda la brecha epistémica en el acceso al conocimiento científico y se enfatiza la importancia de la justicia epistémica para superar desigualdades en el acceso y la utilización del conocimiento. Palabras claves: derechos humanos, salud, cambio climático. (shrink)

Este artículo considera el problema de justicia en la investigación biomédica en países en desarrollo. En particular se hace foco en la discusión de si el requisito de poner a disposición toda intervención probada efectiva puede ser considerado como una obligación post investigación de los patrocinadores hacia la comunidad anfitriona. Primero, se discuten las concepciones de la Comisión Nacional de Asesoramiento sobre Bioética (NBAC) de los Estados Unidos y de las guías éticas internacionales sobre la obligación post investigación hacia la (...) comunidad. Luego, se examinan las interpretaciones del modelo de disponibilidad razonable y el modelo de beneficios justos sobre la condición de acceso a los beneficios post investigación. Por último, presento y critico el argumento del carácter contraproducente de la obligación post investigación que afirma que la obligación post investigación limita el desarrollo de la investigación y empeora la situación de las poblaciones de los países en desarrollo. [ABSTRACT] This article refers to the problem of justice in biomedical research in developing countries and in particular it focus in the discussion of whether the requirement of making available any effective intervention could be consider a post-trial obligation of the sponsor towards the host community. First, the National Advisory Bioethics Commission’s (NBAC) conception and the international guidelines’ conception of post-trial obligations towards the community are discussed. Second, the interpretation of reasonable availability model and the fair benefits model of the condition of access to post trial benefits are examined. Finally, I present and criticize the moral counterproductive argument which affirms that post trial obligations towards the community prevent new drug research and make population in developing countries worse off. (shrink)

Resumen Ésta es la primera traducción al español de las guías “Atención después de la investigación: un marco para los comités de ética de investigación del National Health Service (NHS) (borrador versión 8.0)”. El documento afirma que existe una fuerte obligación moral de garantizar que los participantes enfermos de un estudio clínico hagan una transición después del estudio hacia una atención de la salud apropiada. Con “atención de la salud apropiada” se hace referencia al acceso para los participantes a la (...) atención de la salud, proporcionada principalmente por el National Health Service (en adelante NHS), el sistema de salud del Reino Unido, y/o a la intervención en estudio, también llamada producto o tratamiento en investigación. Las guías “Atención después de la investigación” están dirigidas principalmente a los miembros de los 79 comités de ética de investigación del NHS y a quienes presentan sus estudios de investigación ante estos comités. Se trata de un documento borrador muy avanzado, trabajado en numerosas reuniones, durante más de 3 años, que ha sido discutido por participantes de estudios y miembros de la comunidad, miembros y presidentes de comités de ética de investigación del Reino Unido, especialistas internacionales en ética de la investigación, representantes de la industria y otras partes interesadas. La redacción de las guías es producto de la colaboración de Neema Sofaer y Penney Lewis, ambas investigadoras del King’s College London, en el Centre of Medical Law and Ethics del Dickson Poon School of Law, y Hugh Davies, Asesor en Ética de la Investigación de la Health Research Authority (HRA) del NHS. El traductor del presente documento, Ignacio Mastroleo, participó del workshop en la Fundación Brocher (Ginebra, Suiza, diciembre de 2011) donde se revisó el borrador versión 7.0 y contribuyó en la revisión del borrador de la versión 8.0 durante el 2012. -/- Abstract This is the first Spanish translation of the guidelines “Care after research: a framework for NHS RECs (8th draft)”. The document states that there is a strong moral obligation to ensure that participants in a clinical study who are ill transition after the study to appropriate healthcare. The terms "appropriate healthcare" refer to participants’ access to health care, mainly provided by the National Health Service (NHS), the health system in the UK, and/or to the intervention study also named investigational treatment or product. The guides "Care after research" are mainly directed to members of the 79 NHS committees of research ethics (RECs) and to those who submit their research to these committees. This is a very advanced draft document, worked in several meetings, for more than three years, that has been discussed with study participants and community members, members and chairs of RECs in the UK, international specialists in research ethics, industry representatives and other stakeholders. The drafting of the guidelines is the result of the collaboration of Neema Sofaer and Penney Lewis, both researchers at King's College London, at the Centre of Medical Law and Ethics of Dickson Poon School of Law, and Hugh Davies, Research Ethics Advisor of the Health Research Authority (HRA) of the NHS. The translator of this document, Ignacio Mastroleo, attended the workshop at the Brocher Foundation (Geneva, Switzerland, December 2011) where draft version 7.0 was revised and contributed in the revision of draft version 8.0 during 2012. (shrink)

En "Sobre un presunto derecho a mentir por filantropía", Kant expone el deber incondicionado de veracidad, que ha sido problemático para la filosofía kantiana porque parece obligar a las personas a ser veraces en todas sus declaraciones, sin importar si son comunicaciones públicas o privadas. Llamaré extensiva a la interpretación que sostiene la obligación de ser veraces en todas las declaraciones y mostraré que es causa de inconsistencias con la Doctrina del Derecho. Las inconsistencias se resuelven con una interpretación restrictiva (...) de este deber: la obligación de veracidad es aplicable solo a las comunicaciones públicas. Si mi interpretación es correcta, todas las comunicaciones públicas, ya sean hechas por ciudadanos o funcionarios, tienen la obligación de ser veraces, pero no en las privadas. Mi interpretación es consistente con el resto de los textos donde Kant habla de la comunicación pública. (shrink)

En el marco de los estándares profesionalizantes de la academia, con sus “rankings” y productividad científica, las humanidades subsisten. Una explicación de este fenómeno es que, según la ontología social, las razones para la acción independiente de deseos son piezas clave en la educación. Por ello, dichas razones, que constituyen obligaciones, también serían claves para el desarrollo de las humanidades. Aquí examino de qué forma el individualismo y la competencia tensionan la dinámica entre deseos y obligaciones. Ciertamente, el (...) mercado valora más la satisfacción de deseos que la teorización sobre la intencionalidad colectiva y su producto: la civilización humana. (shrink)

¿Qué ocurre con la continuidad del tratamiento de los sujetos de investigación después de que realizan la última visita del ensayo en el que participan? En algunos casos, la falta de continuidad de atención de la salud apropiada podría poner en peligro la salud de estas personas. Por lo tanto, es probable que los sujetos de investigación que al terminar su participación en un ensayo todavía se encuentran enfermos, necesiten continuar con el tratamiento en estudio u otra atención de la (...) salud adecuada por el resto de sus vidas, sean unos pocos meses o muchos años. No obstante, no todas las sociedades cuentan con los recursos e instituciones para resolver el problema de la continuidad de tratamiento beneficioso. La opinión de un sujeto de investigación norteamericano, al que llamaremos Pedro, sin seguro de salud que participó en un ensayo de largo plazo sobre diabetes ejemplifica el problema de la continuidad de tratamiento beneficioso: “de repente [ellos] simplemente cortan la cuerda, y uno está solo por su cuenta, ya sabes. O consigues trescientos o cuatrocientos dólares al mes para seguir con esto o simplemente sigues adelante y mueres”. En este trabajo intentaré dar un panorama de la reciente discusión en torno al problema de la continuidad de tratamiento beneficioso en la ética de la investigación. Por tratamiento beneficioso hago referencia a dos cosas. En primer lugar, el tratamiento beneficioso puede ser (1) el tratamiento en estudio, p. e. el tratamiento o intervención en investigación que estaba recibiendo Pedro para su diabetes en el ejemplo anterior. Una droga o un producto biológico es un tratamiento en estudio para un uso propuesto (indicación) desde el primer ensayo con seres humanos hasta el momento en que es aprobado para su comercialización por las autoridades reguladoras de fármacos. El segundo lugar, el tratamiento beneficioso también puede ser (2) otra atención de la salud apropiada para el sujeto de investigación distinta del tratamiento en estudio, p. e. si existiera un tratamiento alternativo disponible para la enfermedad o condición de Pedro, distinto del tratamiento en estudio, y se justificara hacer la transición a ese otro tratamiento por razones de un mejor perfil de efectividad, seguridad y/o toxicidad. En la sección 1 de este trabajo introduciré una taxonomía de las obligaciones éticas de acceso posinvestigación (1.1.), realizaré un relevamiento histórico del concepto basado en las guías éticas internacionales (1.2) y analizaré el surgimiento del término “continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación” y otros términos análogos como “atención después de la investigación” (1.3). En la sección 2 presentaré los casos ejemplares en la bibliografía: continuidad de tratamiento en investigación en VIH/SIDA (2.1), continuidad de tratamiento en investigación en cáncer (2.2.) y otros casos de continuidad de tratamiento (2.3). (shrink)

Este trabajo se propone defender una interpretación moderada de los argumentos de Thomas Pogge sobre justicia y pobreza globales, elaborados en su libro La pobreza en el mundo y los derechos humanos. Para esto, se analizará minuciosamente la reconstrucción que los críticos hacen de los argumentos de Pogge. Con esto, se espera poner de manifiesto que dicha reconstrucción se aleja en muchos casos de una interpretación mínimamente caritativa y malinterpreta los argumentos originales de este autor. Así, en este trabajo, se (...) defenderán una tesis principal y una subtesis. 1. Tesis principal. El deber negativo de no “cooperar en el mantenimiento de instituciones sociales injustas sin hacer una protección que compense y esfuerzos de reforma para sus víctimas” (en adelante, el “deber de no contribuir con la injusticia”) es menos exigente de lo que los críticos de Pogge afirman. Para defender esta tesis, se mostrará la relación entre el deber negativo de no contribuir con la injusticia y las obligaciones positivas de 1) proteger a las víctimas de un orden institucional injusto y de 2) trabajar para reformar los rasgos injustos de ese orden. Asimismo, se tratará de establecer cuáles son las implicancias prácticas de estas dos obligaciones positivas. 2. Subtesis. La violación del deber de no contribuir con la injusticia no convierte a los agentes morales en “violadores” de derechos humanos, tal como los críticos de Pogge sostienen, sino en “contribuyentes”. Para defender esta subtesis, se examinarán las críticas que se le formulan al autor con respecto a la falta de cumplimento del deber de no contribuir con la injusticia y se explicitarán las consecuencias del incumplimiento de este deber y de las dos obligaciones positivas mencionadas. El objetivo general de este trabajo es ofrecer una interpretación consistente de los principales argumentos de Pogge sobre justicia y pobreza globales que esclarezca los puntos incomprendidos o malinterpretados por sus críticos más importantes. Así, este trabajo constituye una contribución valiosa al campo de estudio, ya que, 1) sienta sobre bases más firmes una de las teorías filosóficas contemporáneas más citadas y ampliamente debatidas sobre justicia global y 2) facilita un verdadero intercambio de ideas entre filósofos, filósofas y otros expertos en el tema, mediante un real entendimiento de los argumentos poggeanos. (shrink)

En 1968 Raquel Carson comenzaba una revolución en el pensamiento, quizá una de las de mayor peso en la actualidad. En su libro "La primavera silenciosa" acusaba del deterioro ambiental al poder ilimitado del ser humano. La creencia surgida en la modernidad de que todo lo que el hombre decidía era en sí mismo lo mejor por haber sido fruto de una voluntad libérrima, daba primacía y legitimidad absoluta a su acción sobre la naturaleza. Surgieron con gran fuerza numerosos grupos (...) ecologistas que adoptaron un pensamiento que responde al nombre de "ecología profunda" o "Deep Ecology" descrito por primera vez por Arme Naess en un artículo publicado por la revista Inquiry y titulado "The Shallow and the Deep, Long Range Ecology Movement". Los principios que proponía este movimiento (Naess 1984) pueden ser resumidos en ocho grandes puntos: 1) la vida de los seres no humanos es un valor en sí: 2) la riqueza y la diversidad de estas formas de vida son también valores en sí; 3) los seres humanos no pueden intervenir de manera destructiva en la vida; 4) a este respecto, la intervención humana actual es eminentemente excesiva; 5) por consiguiente, las reglas de juego deben ser radicalmente modificadas; 6) esta modificación radical debe hacerse tanto a nivel de las estructuras económicas como de las estructuras ideológicas y culturales; 7) a nivel ideológico, el cambio principal consiste en apreciar más la calidad de la vida que el goce de los bienes materiales; 8) las personas que acepten estos principios tienen la obligación de contribuir, directa o indirectamente a la realización de los cambios fundamentales que aquellos implican. (shrink)

La doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, expresamente declaraba la obligación del Estado de investigar y juzgar a los responsables de su comisión. La Corte no sólo caracterizó dichos delitos, sino que también estableció que no eran susceptibles de amnistía, indulto, ni prescripción. Pero, en el año 2017 dictó el fallo “Muiña” donde, por voto mayoritario, decidió otorgarle el beneficio del “2 (...) por 1” a un condenado por dichos delitos. La consecuencia fue su inmediata libertad por el vencimiento de la condena. La respuesta de la sociedad fue clara. Con diversas manifestaciones, la sociedad civil, las instituciones y las personalidades públicas se declararon en contra de la sentencia. Más aún, del voto de los mismos jueces se observan expresiones que denotan un gran pesar a la hora de tomar la decisión. Más precisamente, sostenían estar ante un dilema. En este trabajo, lejos de realizar un análisis de la interpretación jurídica que se efectuó en la sentencia, se propone trabajar sobre el concepto de dilema y la posibilidad de aplicación en el presente caso. La finalidad concreta es indagar si se está ante un dilema y en su caso si los jueces utilizan este concepto como un arma argumentativa para lograr adhesión o compasión de la opinión pública. En este sentido, se comenzará relatando el marco jurídico del fallo, donde se describirá la historia judicial de Muiña y los argumentos dados por el voto mayoritario y el minoritario de la Corte. Luego, se realizará un análisis del concepto de dilema, para reconstruirlo sobre la base de dos grandes posturas: Una lógica conceptual y otra fenomenológica. Posteriormente, se realizará un examen de la dimensión institucional del derecho y la moralidad judicial, para - finalmente - poder intentar responder si se está efectivamente ante un dilema. (shrink)

El objetivo del presente trabajo es analizar dos modelos específicos de discurso sobre la autoridad: un modelo que llamaré «hobbesiano» (representado por Thomas Hobbes) y un modelo que llamaré «raziano» (representado por Joseph Raz). Por un lado, intentaré mostrar que, pese a algunas aparentes similitudes, estos dos modelos son ejemplos de visiones opuestas acerca del tipo de autoridad, y del rol y las consecuencias que se le asignan a ésta en el marco del fenómeno jurídico y social. Por el otro, (...) intentaré mostrar cómo ambos modelos opuestos tienen una importante coincidencia: el fuerte desinterés por su eventual aplicación práctica para analizar la autoridad (especialmente, a nivel justificativo) de casos reales de Estados y sistemas jurídicos. (shrink)

Se define el derecho fundamental al Nuevo Orden Mundial (NOM),consagrado en el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH/ONU, 1948), como categoría jurídico dogmática, desde una dimensión ética y humanista, concebido como la facultad o prerrogativa convencional estatuida en función de la `realización efectiva´ de los derechos humanos (DDHH) y la felicidad de la persona humana, asumido como medio y fin para la plena materialización de su proyecto de vida valioso, elegido de manera libre y autónoma, (...) con seguridad humana (SH),donde el poder político está fundado en el cuidado y protección de la vida -Biocracia- destinado a cumplir y hacer cumplir la obligación imperativa de los Estados de respetar, proteger y garantizar los DDHH -por ser inherentes a la dignidad humana y funcionales al bien común- en una Democracia Integral, contribuyendo a la conformación de una sociedad más fraterna, humana, armónica, justa, incluyente y equitativa en un Estado de derechos humanos desde la perspectiva del Constitucionalismo Humanista oEstado humanista de derecho. (shrink)

En este trabajo desarrollo un modelo normativo sobre la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación desde la perspectiva de la justicia social o distributiva, inspirado en la teoría de la justicia de John Rawls. Llamo a esto, el modelo de reciprocidad democrática. La idea original del modelo de reciprocidad democrática es defender que la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso tiene como derecho correlativo el derecho a la salud. Así, dentro del marco rawlsiano, argumento que (...) las razones morales que dan peso a la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso son, indirectamente, el principio de igualdad equitativa de oportunidades y, directamente, el derecho de justicia y/o el principio de equidad que se aplican a los miembros de una sociedad entendida como un sistema de cooperación social. (shrink)

Con el fin de examinar los aspectos exclusivamente morales del suicidio asistido y la eutanasia activa voluntaria, el análisis debe ser llevado a cabo independientemente de la función social de los agentes involucrados, de la opinión de los familiares del paciente terminal y del público en general, y de las consecuencias legales de dichas acciones. En consecuencia, en el presente ensayo se analiza un imaginario caso neutral, aislado del contexto natural de la eutanasia y el suicidio asistido. Utilizando un principio (...) moral—llamado PMS en el ensayo—cuya aplicabilidad depende de la apreciación subjetiva que de él hagan la persona que desea morir y el agente que asiste en su muerte, en el ensayo se concluye que en ciertos casos es posible justificar la obligación moral de asistir en un suicidio o de llevar a cabo una eutanasia activa voluntaria. (shrink)

Este artículo analiza los compromisos éticos que implica la metodología de la investigación sobre la “fuga de cerebros” y que conducen a los que participan en el debate público a cuestionar el derecho a la emigración de personas calificadas. Se identifican cinco presupuestos de este debate : el consecuencialismo, el prioritarismo y el nacionalismo, así como lo que llamamos “sedentarismo” y elitismo. Este análisis muestra que, si bien la emigración de talentos representa una pérdida para el país de origen, ésta (...) no es razón suficiente para exigir que los migrantes cualificados la compensen, ya sea mediante el pago de un impuesto (la tasa Bhagwati) o a través de la denegación del derecho a emigrar. Además, ver la inversión pública en educación como fundamento de obligaciones para los migrantes es considerar la educación más como una fuente de dividendos que como un acceso a oportunidades que las generaciones actuales deben a las que siguen. (shrink)

El régimen jurídico aplicable a los contratos en el procedimiento concursal se ha visto renovado por la nueva Ley Concursal (LC). En un periodo de crisis económica es importante conocer las condiciones jurídicas de los contratos una vez se ha declarado el concurso de acreedores. -/- Conforme al artículo 21.2 de la LC, dictado el auto de declaración del concurso, los efectos del mismo se producen de inmediato. Y los contratos estipulados previamente por el concursado y que están pendientes, le (...) dotan de derechos u obligaciones frente a otra u otras personas, y es necesario determinar en qué medida afecta la declaración de concurso a estos derechos u obligaciones. -/- En este trabajo tratamos de hacer un esbozo de este régimen jurídico, apuntando las cuestiones que ha planteado la doctrina respecto a problemas de interpretación que ha dejado abiertos la LC. -/- No queremos dejar de señalar que el actual escenario requiere un estudio en profundidad de este régimen jurídico contractual que aborde, no solo los aspectos problemáticos que ha encontrado la doctrina, sino también las soluciones prácticas que han terminado por adoptar los jueces de lo mercantil. Esperemos que pronto se lleve a cabo este estudio jurisprudencial del Derecho contractual concursal, que sin duda será interesante para los concursalistas, y que necesariamente deberá ser abordado con una sólida formación no solo en Derecho mercantil sino también en Derecho civil, lo que refleja la singularidad que comienza a adquirir el Derecho concursal como disciplina jurídica. Esta singularidad es más significativa en lo concerniente al Derecho contractual, pues incluso se introduce en el laberinto del Derecho administrativo como ponemos de manifiesto al tratar el artículo 67 de la LC en este trabajo. (shrink)

La primacía y efectividad del Derecho de la Unión Europea se proyecta también sobre la Administración Pública y sobre sus actos. Esto obliga a la Administración, como sucede con el juez nacional, a aplicar el Derecho europeo de forma efectiva, lo que exige realizar una interpretación conforme del derecho interno y de la práctica administrativa. -/- Sin embargo, a diferencia del juez nacional, la Administración Pública carece de la guía interpretativa del Tribunal de Justicia. Esto hace muy necesario tener en (...) consideración la doctrina de este tribunal sobre la primacía y efectividad del Derecho europeo y su proyección sobre los actos administrativos, donde si bien la seguridad jurídica protege como regla general a los actos administrativos firmes, en algunos casos se deriva una facultad o una obligación de revisión de actos administrativos firmes. -/- El presente trabajo tiene como propósito realizar un análisis actualizado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la aplicación de la primacía y efectividad del Derecho de la Unión sobre los actos administrativos. (shrink)

En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos (...) de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. (shrink)

Hoy en día, el fuerte consagramiento y la expansión de la propiedad privada ha llevado al olvido a muchos métodos de gobernar recursos que no están basados en la exclusividad. Frecuentemente se escucha hablar de la propiedad como un derecho de dominio absoluto, algo inviolable que no conlleva obligaciones. Sin embargo, desde los inicios de la historia jurídica podemos observar que los derechos de propiedad han estado habitualmente acompañados de obligaciones y limitaciones, además de un mandato moral solicitando (...) que el manejo de la propiedad sea en vista al bien común. (shrink)

What does environmental ethics have to say about the urban context? Is the city an environment that has only negative value or is it possible, and in fact necessary, to develop ethical recommendations about how to design it? In this paper, I argue for the second of these disjuncts and sketch some ideas for an environmental city ethics. I try to show that the most important principle of such an ethics is procedural: anyone affected by a decision about the urban (...) environment must have the possibility to participate in the process of making it. This principle has certain preconditions and there are also limitations on its applicability. For example, it is plausible that there are certain ecocentric ethical obligations, which are valid independently of the implementation of the principle. I sketch an idea for how a city’s green areas can help to raise citizens’ awareness of these obligations. -/- ¿Qué se puede decir, desde la ética ambiental, acerca del contexto urbano? ¿Se trata de un ambiente únicamente con valor negativo o es posible, e incluso necesario, desarrollar recomendaciones éticas sobre cómo diseñarlo? En este texto argumento en favor de la segunda afirmación y esbozo algunas ideas respecto de una ética ambiental para la ciudad. Defiendo que el principio más importante es procedimental: toda persona afectada debe tener la posibilidad de participar en la toma de las decisiones sobre el ambiente urbano. Este principio tiene ciertas precondiciones y también algunas restricciones. Por ejemplo, es plausible pensar en obligaciones éticas ecocéntricas válidas independientemente de la implementación del principio. Esbozo cómo las áreas verdes de una ciudad pueden ayudar a sensibilizar a los citadinos con estas obligaciones. (shrink)

El objetivo de este escrito es elucidar el contenido del argumento presentado por el filósofo norteamericano William James (1842-1910) en su “Is Life Worthliving?” [“¿Merece la vida ser vivida?”], conferencia pronunciada el año 1895 en la Harvard Young Men's Christian Association y publicada unos años más tarde, en 1897, en la compilación titulada The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy [La voluntad de creer y otros ensayos en filosofía popular]. Se trata de un argumento de tipo moral (...) cuyo objetivo es defender la obligación moral de la fe religiosa y que, aunque presupone y se construye sobre la supuesta adecuación práctica de la existencia de Dios, es independiente del argumento pragmático defendido en su “The Will to Believe” [“La voluntad de creer”]. (shrink)

El fenómeno de la corrupción es un cáncer que afecta a nuestro país y que es necesario erradicar; éste diluye las oportunidades de desarrollo económico y social, privilegiando la sola conjunción de intereses particulares, de actores políticos en acuerdos no legales en beneficio propio, los cuales derivan en actos de corrupción. Estudios recientes señalan que el nivel de corrupción presente en un sistema político está directamente relacionado con el tipo de estructura institucional que lo defina (Boehm y Lambsdorff, 2009), así (...) como de la ineficacia de los organismos de control (Casar, 2015; Cárdenas, 2010; Rojas, 2010; Carbonell, 2009; Restrepo, 2004), por lo que se requiere de la acción ciudadana para combatir la corrupción (Sandoval, 2010; Villanueva, 2006). Este trabajo, centra nuestra atención en la administración pública federal, presentando como propuesta para empoderar la acción ciudadana en el combate de la corrupción y en el Sistema Nacional Anticorrupción; la figura de Whistleblowers o generador de alerta ciudadana, desde dos principios fundamentales: i) reconociendo la obligación del ciudadano de informar sobre actos de corrupción y ii) el otorgamiento por parte de la autoridad de la protección de testigos. Estas dos acciones derivarán en dos resultados importantes: i) Consolidar la denuncia ciudadana para informar a la sociedad sobre actos de corrupción y ii) y el ejercicio de la libertad de la información a fin de que la sociedad este en posibilidades de ser informada sobre actos de corrupción. Estas acciones permitirán promover y consolidar una cultura de la denuncia de actos de corrupción que pueden ser constitutivos de delito como pilar fundamental en el Sistema Nacional Anticorrupción en México. (shrink)

El objetivo de este ensayo es hacer una defensa de la exigibilidad de los derechos económicos y sociales. Esta noción se refiere a “la posibilidad de reclamar ante un juez o tribunal de justicia el cumplimiento, al menos, de algunas de las obligaciones que se derivan [de estos derechos]”. Para realizar este objetivo, procederé de la siguiente manera. En la sección II, haré una reconstrucción de uno de los argumentos más tradicionales que se han ofrecido en contra de la (...) exigibilidad de los derechos económicos y sociales. En la sección III, haré una reconstrucción de la interpretación institucional de los derechos humanos, presentada por el filósofo Thomas Pogge, en su libro La pobreza en el mundo y los derechos humanos. La relevancia de esta interpretación consiste en que pretende trascender la crítica libertariana que sostiene que los derechos económicos y sociales no son derechos humanos. En la sección IV, me ocuparé de los derechos económicos y sociales incluidos en la Constitución nacional y en varios instrumentos internacionales. En la sección V, haré algunas reflexiones sobre la exigibilidad de estos derechos. Finalmente, en la sección VI, extraeré algunas conclusiones de las secciones previas. (shrink)

Este trabajo es un comentario sobre la primera traducción al español de las guías del Reino Unido “Atención después de la investigación: un marco para los comités de ética de investigación del NHS (borrador versión 8.0)”. El comentario se divide en tres partes. En la primera parte, se busca resumir la información básica necesaria para mejorar la lectura comprensiva de la traducción de las guías. En la segunda parte, se analiza una selección de la normativa argentina que trata sobre atención (...) después de la investigación. En la tercera parte, se presentan las principales limitaciones del borrador de las guías y su traducción. El propósito de este comentario es que los futuros lectores y lectoras puedan hacer un uso crítico y deliberado de las guías, en la evaluación de estudios clínicos o como base para la redacción de guías propias sobre atención después de la investigación. ***This work is a commentary on the first Spanish translation of the UK guidelines “Care after research: a framework for NHS research ethics committees (draft version 8.0)”. The commentary is divided into three parts. The first part seeks to summarize the basic information needed to improve reading comprehension of the translation of the guidelines. The second part analyzes a selection of Argentinean regulations dealing with care after research. The third part presents the main limitations of the guidelines draft and its translation. The purpose of this commentary is that future readers can make a critical and deliberate use of guidelines in the assessment of clinical studies or as a basis for drafting their own guidelines on care after research. (shrink)