La primacía y efectividad del Derecho de la Unión Europea se proyecta también sobre la Administración Pública y sobre sus actos. Esto obliga a la Administración, como sucede con el juez nacional, a aplicar el Derecho europeo de forma efectiva, lo que exige realizar una interpretación conforme del derecho interno y de la práctica administrativa. -/- Sin embargo, a diferencia del juez nacional, la Administración Pública carece de la guía interpretativa del Tribunal de (...) Justicia. Esto hace muy necesario tener en consideración la doctrina de este tribunal sobre la primacía y efectividad del Derecho europeo y su proyección sobre los actos administrativos, donde si bien la seguridad jurídica protege como regla general a los actos administrativos firmes, en algunos casos se deriva una facultad o una obligación de revisión de actos administrativos firmes. -/- El presente trabajo tiene como propósito realizar un análisis actualizado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la aplicación de la primacía y efectividad del Derecho de la Unión sobre los actos administrativos. (shrink)

El principio de seguridad jurídica tiene, como una de sus manifestaciones características, dentro del Estado de Derecho, la fuerza de cosa juzgada (res iudicata) que se atribuye a las sentencias o resoluciones judiciales equivalentes firmes, y que implica tanto su impugnabilidad como su potencial influencia en litigios posteriores que guarden una conexión con el asunto ya resuelto en firme. Sin embargo, es posible que estas decisiones judiciales firmes de jueces nacionales, por diversas causas (error, omisión, interpretación manifiestamente contraria, (...) etc.) vulneren el Derecho de la Unión Europea y, por tanto, afecten tanto a su primacía como a su efectividad en sus relaciones con los ordenamientos jurídicos nacionales. El Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de enfrentarse al dilema de ponderar el principio de fuerza de cosa juzgada con las primacía y efectividad del Derecho de la Unión en diversas sentencias. Este trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación y revisar la jurisprudencia más importante al respecto hasta la actualidad. (shrink)

Diversas fuentes culturales explican los orígenes del marcado individualismo imperante en nuestras sociedades actuales. Posiblemente, una de las manifestaciones más aclamadas de este individualismo sea la primacía de la autonomía individual, elemento clave en la articulación y fundamentación de las posiciones jurídicas subjetivas presentes en la práctica totalidad de los ordenamientos jurídicos contemporáneos, y como resultado de la expansión de la cultura occidental. Sin embargo, en ocasiones, el peso otorgado a la autonomía se antoja desproporcionado, especialmente cuando conduce (...) a la inobservancia, ya sea total o parcial, del bien común o alguna de sus manifestaciones, presupuesto de toda relación social y exigencia del principio de justicia. Junto a la autonomía, en tanto que elemento necesario para el florecimiento individual, la búsqueda del bien común debe asimismo servir a la configuración de los diversos instrumentos de decisión política y jurídica que regulan la vida en común, lo que requiere el justo equilibrio de los intereses en juego, tal y como aconseja el principio de proporcionalidad. El paradigma de las enfermedades contagiosas proporciona un claro ejemplo de lo anterior, pues la protección de la salud pública, entendida como una manifestación del bien común, no solo justifica, sino que incluso exige la restricción de ciertas posiciones jurídicas subjetivas que sirven a la especificación de la autonomía individual de sus titulares. (shrink)

This paper deals with Veronica Rodriguez-Blanco’s answer to the paradox of the normativity of law: How can autonomous self-legislating persons act, without compromising their autonomy and their will, following legal rules? Regarding Rodriguez-Blanco’s answer, I offer two main critiques. The first one is based on Rodriguez-Blanco’s comments to David Enoch’s paper in which I argue against the idea that a descriptive theoretical account of law can, and should, give an answer to general problems of normativity due to the fact that (...) a theoretical approach that engages in questions about the normativity of law cannot be purely descriptive, therefore against Rodriguez-Blanco I conclude that Enoch’s answer is the only response a descriptive account is able to offer. The second criticism focuses on Rodriguez-Blanco’s response to the paradox and argues that her solution is not, in fact, a descriptive one, but one that relies on strong normative premises, which as it turns out defend a perfectionist perspective towards the law.Resumen:Este trabajo analiza la respuesta que Veronica Rodriguez-Blanco propone para resolver la paradoja de la normatividad del derecho: ¿Cómo es posible que una persona autónoma actúe siguiendo los mandatos de normas jurídicas sin comprometer su autonomía ni su voluntad? El autor ofrece dos críticas a la respuesta de Rodriguez-Blanco. La primera de ellas está basada en los comentarios que Rodriguez-Blanco ha hecho sobre la propuesta de David Enoch. En este punto, el autor argumenta en contra de la idea según la cual una perspectiva descriptiva del derecho puede, y debe, tratar de responder a los problemas generales de la normatividad del derecho. De acuerdo con el autor, una perspectiva que pretenda dar respuesta a los problemas de la normatividad del derecho no puede ser una perspectiva puramente descriptiva. En este sentido, el autor sostiene que la respuesta que ofrece Enoch es la única respuesta que una perspectiva descriptiva del derecho puede dar. La segunda crítica está dirigida a la respuesta que Rodriguez-Blanco da sobre la paradoja de la normatividad. En este segundo punto el autor argumenta que la perspectiva de Rodriguez-Blanco no es una perspectiva descriptiva como ella presume, sino que adopta una perspectiva normativa la cual, además, está comprometida con una idea perfeccionista del derecho. (shrink)

ecientemente hemos podido asistir a una revitalización del debate sobre la primacía del Derecho de la Unión Europea y los eventuales límites de la misma que algunos tribunales constitucionales defienden para preservar la identidad constitucional y otros principios esenciales del orden jurídico interno. -/- El Tribunal Constitucional Federal alemán ha declarado, en sentencia de 5 de mayo de 2020, que la sentencia Weiss y otros del Tribunal de Justicia de la UE es ultra vires. La reacción mayoritaria institucional y (...) doctrinal ha sido la de cuestionar la decisión del Tribunal alemán, así como el pluralismo constitucional que entienden está detrás de la misma. -/- Este trabajo, desde una perspectiva abierta y plural, trata de aproximarse al debate constitucional, identificar algunos de los problemas existentes en el orden jurídico multinivel europeo, y defender que, no siendo las cosas fáciles, se hace más necesario que nunca huir de posiciones absolutas y buscar el diálogo entre tribunales. (shrink)

Resumen: El régimen jurídico de la utilización de los drones plantea grandes retos, siendo esencial un estudio que atienda a los diferentes niveles de regulación, que al menos en la Unión Europea están afectados de provisionalidad y contingencia; así ocurre con el Reglamento 216/2008. Lo mismo ocurre a nivel interno en el Derecho español con la Ley 18/2014 y el nuevo proyecto. Sin embargo, es necesario establecer una adecuada regulación del uso civil de los drones y de la tecnología (...) incorporada -que está en constante desarrollo- garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica para las operaciones con drones, y el respeto de los derechos fundamentales que pueden verse afectados, y ello desde una perspectiva multinivel (UE, interno). Este trabajo pretende precisamente un análisis de la actual normativa europea y española desde esa perspectiva, atendiendo en particular al uso civil de los drones. Abstract: The legal framework the use of the drones points out great challenges, and it is essential to develop a study to attend the different levels of regulation, that at least in the European Union, we can see with provisionality and contingency, as it is the case of the Regulation 216/2008. The same thing happens internally in Spanish Law with the Law 18/2014. However, we need to establish an adequate regulation of the civilian use of drones and embedded technology - which is in constant development - while ensuring legal security for drone operations, and respect for fundamental rights that may be affected, with a multi-level legal perspective (EU, internal). This work is precisely an analysis of the current European and Spanish legislation from that perspective, with a particular focus on the civil use of drones. (shrink)

El régimen jurídico de la utilización de los drones plantea grandes retos, siendo esencial un estudio que atienda a los diferentes niveles de regulación que, al menos en la Unión Europea, están afectados de provisionalidad y contingencia; así ocurre con el Reglamento 216/2008. -/- Sin embargo, es necesario establecer una adecuada regulación del uso civil de los drones y de la tecnología incorporada –que está en constante desarrollo– garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica para las operaciones con drones y (...) el respeto de los derechos fundamentales que pueden verse afectados, y ello desde una perspectiva multinivel (UE, interno). -/- Este trabajo pretende precisamente un análisis de la actual normativa europea y española desde esa perspectiva, atendiendo en particular al uso civil de los drones. (shrink)

Apotegma: “Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. " (Nelson Mandela, Ushuaia, Argentina, 24 de julio de 1998). Resumen: Caldera Ynfante, concibe la democracia como derecho fundamental complejo, onmicomprensivo, ensamblado, un supra derecho, al que denomina democracia integral, conformado por i) una faceta procedimental/instrumental (...) en tanto mecanismo pertinente para la formación electoral de las mayorías y la manifestación de la voluntad popular mediante el voto y ii) una faceta sustancial o material relacionada con el logro de la realización del contenido normativo de la dignidad humana cuyo deber ser, como entidad normativa, es el respeto que merece toda persona humana en la sociedad democrática a la que se le deben satisfacer todos sus derechos fundamentales para que alcance florecimiento humano y sea feliz, contribuyendo al bien común, gozando de bienes materiales e inmateriales adecuados para una existencia decente que le permita una vida de calidad, contando con oportunidades que permitan el despliegue de sus talentos y capacidades humanas que le abran posibilidades de ser y funcionar efectivamente en la comunidad política en función de la realización de su proyecto de vida valiosa, elegido libremente, sin miedo ni temores, sin daños o arbitrariedades, con seguridad humana, seguridad jurídica, estabilidad, libertad política y progreso económico, sin pobreza ni miseria. Ello, desde la perspectiva de la doctrina de la integralidad de los derechos fundamentales, bajo un Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH). (shrink)

El Derecho Operacional es una rama nueva de la ciencia jurídica que surge contemporáneamente como consecuencia de las metamorfosis que han suscitado a nivel socio-político. Adicionalmente, el Derecho Operacional (DOPER) se caracteriza por ser una herramienta trascendental que se encarga de entender e interpretar las acciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Colombia en materia operacional, en donde el fin último es comprender las actividades de la Fuerza Pública por medio de un marco jurídico (...) especial, en el cual se entrecruzan preceptos expuestos en la Constitución Política de Colombia de 1991 junto con ordenamientos internacionales. Es menester mencionar que se deben analizar temas vinculados con los antecedentes y la trayectoria del D O actualidad, lo cual permite esclarecer el fundamento real del surgimiento de un concepto hoy avalado por la propia Corte Constitucional colombiana. (shrink)

El Programa de Ética y Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba reúne a investigadores, becarios doctorales y post-doctorales, profesores y estudiantes avanzados de la carrera de Derecho. El objetivo del grupo es evaluar las instituciones públicas y las conductas de los funcionarios, legisladores, jueces y abogados. El Programa desarrolla diversas líneas de investigación, entre las que se encuentra la evaluación de las políticas de seguridad. En este contexto, se desarrollaron diferentes actividades de formación, se llevaron adelante (...) dos proyectos de investigación, entre los que se encuentra el que se presenta a continuación, y se promovieron diferentes medios de transferencia de los resultados que se presentan al final del informe. Durante el periodo 2011-2012, se llevó adelante la primera investigación sobre la aplicación del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba. Tal investigación fue fruto de la cooperación internacional entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de la Rioja de España. La investigación concluyó en el “Informe y relevamiento sobre la aplicación del Código de Faltas en la Ciudad de Córdoba” que mostró la sistematicidad y selectividad con la que se aplicaba a jóvenes de diferentes barrios. El informe también mostró cuáles son las razones que los jóvenes identificaban como causa de la detención. En este informe, surgió que, pese a la sistematicidad y selectividad de las detenciones arbitrarias que afectaban la vida de los jóvenes, estos no tenían acceso a la justicia para denunciar, reparar o prevenir tal situación. (shrink)

La investigación concibe la democracia como un derecho fundamental, embrionario y complejo, cuyo contenido esencial es un haz de derechos, todos fundamentales, que recíprocamente se realizan de manera interrelacionada e interdependiente a su goce efectivo en el Estado social de derecho, que cumple los requisitos de dogmática jurídica de la Corte Constitucional colombiana, concebidas en normas supranacionales vinculantes, integrado por una faceta procedimental (formación del principio de mayorías) y otra sustancial (concreción de la dignidad humana y goce de (...) los derechos fundamentales de su núcleo esencial), denominado democracia integral, democracia iusfundamental o D+EBDH. (shrink)

El objetivo principal del artículo es hacer notar la dimensión jurídico-normativa del problema del aborto, considerando que acentuar excesivamente su dimensión ético-moral conduce a una estéril contraposición que impide una discusión serena del abortoy de su dimensión irremediablemente pública. En este sentido, aún reconociéndole su perspectiva moral, en el artículo se plantea la posibilidad de pensar el aborto como una conducta que pueda reconducirse a un modelo de regulación jurídica “blando”, dondela perspectiva moral del legislador no adquiera las características de (...) una moral común, igual para todos ,y que,por el contrario,mediante la modalidad jurídica del permiso, cada individuo ponga en acto su propia convicción moral. De ahí puede surgir una legislación en la que el aborto no sea objeto ni de un deber jurídico ni de una prohibición: abortaro no abortar, en este modelo de regulación jurídica, son decisiones que los individuos toman con base en sus propias convicciones. (shrink)

La función de los órganos jurisdiccionales nacionales como jueces ordinarios del Derecho de la Unión Europea es una de las cuestiones jurídicas fundamentales del proceso de integración europea. -/- En el ámbito de dicha función, la cuestión prejudicial es un instrumento esencial para garantizar una interpretación y aplicación homogénea del Derecho de la Unión además de coadyuvar a la cooperación entre los jueces nacionales y el Tribunal de Justicia. -/- Vamos a tratar de estudiar este instrumento del planteamiento (...) de la cuestión prejudicial, en particular por parte de los órganos jurisdiccionales españoles, tanto desde el punto de vista europeo como nacional, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de nuestro Tribunal Constitucional. (shrink)

Entre las virtudes de la explicación de Gewirth, destaca su potencial para delimitar el objeto de los derechos humanos y contener la expansión incontrolada del discurso de los derechos. Al ceñirse al contexto de la acción y a los rasgos necesarios para la agencia intencional, dicha explicación proporciona un fundamento basado en la autonomía y libertad de los agentes intencionales prospectivos, tan solo limitadas por aquellas exigencias racionales derivadas de la igual consideración del status moral de todos los demás (...) agentes intencionales prospectivos quienes, en última instancia, se identifican con la humanidad en su conjunto mediante las ideas implícitas de reciprocidad y responsabilidad moral por los actos propios. En definitiva, el argumento de Gewirth desemboca en el PCG para proporcionar un fundamento racional de los derechos humanos limitado a la estructura normativa de la acción, la agencia intencional prospectiva potencial o actual de todos los seres humanos y los bienes necesarios para la acción intencional: la libertad y el bienestar. (shrink)

En "Sobre un presunto derecho a mentir por filantropía", Kant expone el deber incondicionado de veracidad, que ha sido problemático para la filosofía kantiana porque parece obligar a las personas a ser veraces en todas sus declaraciones, sin importar si son comunicaciones públicas o privadas. Llamaré extensiva a la interpretación que sostiene la obligación de ser veraces en todas las declaraciones y mostraré que es causa de inconsistencias con la Doctrina del Derecho. Las inconsistencias se resuelven con una (...) interpretación restrictiva de este deber: la obligación de veracidad es aplicable solo a las comunicaciones públicas. Si mi interpretación es correcta, todas las comunicaciones públicas, ya sean hechas por ciudadanos o funcionarios, tienen la obligación de ser veraces, pero no en las privadas. Mi interpretación es consistente con el resto de los textos donde Kant habla de la comunicación pública. (shrink)

Este artículo critica la constitucionalización de los derechos de la naturaleza como una construcción del discurso que refleja la colonización jurídica. Los derechos de la naturaleza reflejan una dicotomía cuya genealogía es la división entre naturaleza y cultura. Se propone un cambio de enfoque que consiste en diluir esta dicotomía, dando paso a la inclusión de los terceros provenientes del mundo indígena kichwa Saraguro y amazónico.

Aunque el derecho probatorio y el derecho procesal se han dedicado desde siempre al estudio de los problemas relacionados con las pruebas y el establecimiento de los hechos en los procesos judiciales, el énfasis ha estado siempre en el aspecto formal, doctrinal y procedimental en detrimento de los fundamentos filosóficos y teóricos. Durante los últimos años ha habido un intento sostenido de explorar estos fundamentos combinando no sólo las herramientas tradicionales proporcionadas por la lógica, la gramática y la (...) retórica, sino también los avances hechos en ciencias como la estadística y la probabilidad, la medicina y la psicología forenses, la psicología de la percepción, la epistemología y la filosofía de la ciencia. El presente libro reúne las contribuciones de destacados juristas y filósofos latinoamericanos a esta nueva perspectiva interdisciplinaria, conocida como epistemología jurídica. El libro está dividido en tres grandes temas: la primera parte explora los problemas epistemológicos del conocimiento de los hechos en los procesos judiciales; la segunda se enfoca en el problema de los estándares de prueba; y la sección final discute el testimonio de los expertos. En su conjunto el libro ofrece un panorama tanto de los problemas centrales de la epistemología jurídica, como del estado del arte de la disciplina. (shrink)

En diversas ocasiones se han producido tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que han trascendido a la opinión pública y que han sido motivo de debates, tanto en la doctrina como en la arena política. -/- Estas tensiones se agudizaron con ocasión de la famosa condena por responsabilidad civil de los Magistrados del Tribunal Constitucional por parte de la Sala Primera del Tribunal Supremo; y que ha sido causa de que el legislador haya introducido en la reforma (...) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional una serie de medidas tendentes a fortalecer la posición institucional del máximo intérprete de la Constitución. -/- En este trabajo tratamos de acercarnos a estas tensiones, tanto cuando interviene la Sala Primera del Tribunal Supremo, como cuando interviene la Sala Segunda y la relevancia que tiene cada episodio. -/- A esta situación, se une la fuerza jurídica con la que se acaba de dotar al Tribunal Constitucional con motivo de la reciente reforma de su ley orgánica. El Tribunal Constitucional dispone ahora del instrumento del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que pretende garantizar la fuerza vinculante de su jurisprudencia que ya se desprendía de la Constitución y su ley orgánica. -/- Es necesario estudiar si esta reforma va a ser o no suficiente para garantizar de forma definitiva la supremacía del Tribunal Constitucional en nuestro sistema jurídico-constitucional; y en qué medida esta reforma afecta al equilibrio institucional existente. -/- También se reflexiona, en último lugar, sobre la conveniencia de una articulación distinta del sistema de responsabilidad de los Magistrados constitucionales, que, sin restarles independencia, les dote de una mayor legitimidad en el ejercicio de su función. (shrink)

Todos los días se prueban nuevos psicofármacos, tratamientos para el VIH/SIDA o el cáncer, entre otras enfermedades. Algunos de esos tratamientos son lo suficientemente exitosos como para cronificar enfermedades antes consideradas mortales, como los antirretrovirales para el VIH/SIDA o el imatinib para la leucemia mieloide a principios del 2000. No obstante, antes de que puedan ser comercializados o estar disponibles en los sistemas de salud pública, deben pasar por una serie de rigurosas pruebas de calidad, seguridad y eficacia. Estas (...) pruebas implican el testeo de las drogas en animales y su estudio en seres humanos, sanos o enfermos. Estrictas normas de buenas prácticas científicas y éticas regulan todo el proceso de las investigaciones biomédicas. El problema de mi tesis se centra en el momento de la finalización de los estudios en seres humanos. Alguien podría preguntarse qué pasa con las personas si se benefician clínicamente del tratamiento experimental durante el estudio cuando este finaliza. La interrupción abrupta de un tratamiento beneficioso podría poner en peligro la salud de los sujetos. Y en el caso de sujetos de investigación afectados por enfermedades crónicas, es probable que deban continuar con el tratamiento beneficioso u otra atención adecuada por el resto de sus vidas. Un sujeto de investigación estadounidense sin seguro de salud que participó en un estudio de largo plazo de diabetes resume estas preocupaciones: "de repente cortan la cuerda, y uno está solo por su cuenta ... O conseguís trescientos o cuatrocientos dólares por mes para seguir con esto o simplemente seguís adelante y morís". Este tipo de casos me llevaron a preguntar si existe alguna obligación moral de proveer el tratamiento beneficioso a un sujeto de investigación que no puede pagárselo. Muchas personas podrían pensar que interrumpir el tratamiento beneficioso al sujeto de investigación que padece de diabetes y no tiene seguro para cubrir un tratamiento es incorrecto, porque nadie debería morir de una enfermedad o dedicar todos los recursos disponibles para sobrevivir, especialmente cuando se contribuyó a encontrar una cura o a obtener la evidencia científica necesaria para desarrollar un mejor tratamiento que el existente. Otras personas podrían pensar que lo correcto es ofrecer el tratamiento a un "precio justo", y si la persona no puede pagar por la continuidad de tratamiento es su responsabilidad. Mi intuición es que una sociedad democrática justa tiene una obligación moral de establecer un sistema de continuidad de tratamiento beneficioso para los sujetos de investigación. En esta tesis intento justificar filosóficamente esta última intuición básica utilizando el marco teórico de la teoría de la justicia de Rawls. Elijo utilizar la teoría rawlsiana, porque esta teoría me permite ubicar los problemas morales con respecto a la continuidad de tratamiento beneficioso en su contexto social adecuado y en el contexto de la búsqueda general de una sociedad más justa. En particular, la encuentro especialmente adecuada para explicar fenómenos complejos de responsabilidad social como los que creo que subyacen en el problema de la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación. Como mostraré más adelante, es imposible tener en cuenta los aspectos morales de la continuidad de tratamiento beneficioso aislada de la sociedad en la que se realizan los estudios con seres humanos. En el capítulo 1 presento una introducción general al tema de la ética de la investigación y al problema de la continuidad de tratamiento beneficioso. En el capítulo 2 intento determinar el campo de estudio de la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación. Para eso, mi estrategia es la siguiente. Primero, busco identificar los casos de estudios clínicos donde se daría la obligación de continuidad beneficiosa hacia los sujetos de investigación. Segundo, presento el problema de la justificación moral de la obligación de continuidad y la necesidad de discutir las justificaciones basadas en la idea de justicia como reciprocidad. Para esto, en la sección 2, identifico la obligación de continuidad de tratamiento a través de una selección de sus casos paradigmáticos en la literatura. Comienzo con el caso de los estudios clínicos con antirretrovirales llevados a cabo en Sudáfrica en personas con VIH/SIDA. Luego, introduzco el concepto teórico de sistema de continuidad de tratamiento beneficioso. Este concepto me permite evaluar y comparar teóricamente cómo diferentes sociedades hacen frente al problema de proveer la continuidad de tratamiento beneficioso a los sujetos de investigación. Por último, rastreo los casos ejemplares de obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos en países desarrollados, con énfasis especial en los Estados Unidos. En la sección 3, analizo algunos problemas de confusión o ambigüedad más importantes en torno a la obligación. Primero, analizo el nombre de la obligación. Luego, trato de distinguir la obligación de continuidad de tratamiento hacia los sujetos de investigación de la obligación de disponibilidad razonable, una confusión muy común en la literatura de la ética de la investigación. Finalmente, me detengo a analizar una posible ambigüedad en el concepto de "tratamiento beneficioso" y utilizo algunos de los casos paradigmáticos identificados para argumentar a favor de mi interpretación. Atacado el primer problema, en la sección 4 y 5 me vuelco a relevar el problema de la justificación moral de la obligación de continuidad. En la sección 4, reconstruyo lo que llamo la "versión simple" del concepto de obligación a partir de la discusión sobre las fuentes de la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso. Luego, planteo la necesidad de investigar las justificaciones basadas en la idea de justicia como reciprocidad debido a las ambigüedades y la falta de un marco teórico claro dentro del campo de la ética de la investigación en seres humanos. Finalmente, en la sección 5, introduzco algunas distinciones clásicas con el fin de complejizar el marco teórico de las obligaciones, el cual será utilizado en la discusión de los próximos dos capítulos. En el capítulo 3 discuto la justificación de la obligación de continuidad de tratamiento que da el modelo económico de Alan Wertheimer. En la sección 1 del capítulo, debido a lo específico del tema y lo poco conocido del autor, introduzco a la persona y el contexto institucional de su obra. En la sección 2 del capítulo, distingo tres interpretaciones del concepto de justicia como reciprocidad e intento mostrar que Wertheimer utiliza una interpretación caracterizada por el uso mutuo y el intercambio de beneficios, a la cual llamo "reciprocidad de mercado". En la sección 3, presento el marco teórico del modelo económico. La pregunta fundamental de Wertheimer es la siguiente: ¿tienen los investigadores o patrocinadores una obligación supercontractual de proporcionar la continuidad de tratamiento u otros beneficios a los sujetos de investigación? Según el autor, el consenso en ética de la investigación responde de manera afirmativa a esta pregunta y como fundamento de esta obligación se encontraría lo que Wertheimer llama "el principio de interacción". Analizo este principio y presento las críticas que hace Wertheimer al mismo. En la sección 4, presento la respuesta a la pregunta fundamental que da Wertheimer mediante su "argumento estratégico". En la sección 5 analizo la solución dada por Wertheimer e intento explicar algunos de los supuestos principales del modelo, a saber, (i) la lógica del argumento estratégico, (ii) la fuerza moral de los conceptos de Pareto y (iii) el compromiso del modelo económico con la restricción de la información. Por último, en la sección 6 presento mis críticas al modelo económico. En el capítulo 4 presento el modelo de reciprocidad democrática, inspirado en la teoría de la justicia de Rawls. Este modelo se presenta como un marco teórico y una interpretación de la justicia como reciprocidad alternativos al modelo económico presentado en el capítulo anterior. En la sección 2 del presente capítulo, explicito los problemas del marco teórico relacionados con el concepto de justicia como reciprocidad que subyacen a la discusión sobre la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación. Para esto, me centro en tres puntos: (i) la relación del principio de justicia como reciprocidad y el concepto de obligación; (ii) el problema del alcance del principio de reciprocidad, y (iii) la relación entre el principio de reciprocidad y el concepto de equidad, o lo que llamo "el problema de la medida de la reciprocidad". En la sección 3, defino con mayor claridad el enfoque rawlsiano de la justicia distributiva y expongo una crítica a los argumentos antirrawlsianos esgrimidos por los defensores del modelo económico que afirman que los principios de justicia política de Rawls no se aplican a los individuos. Si mi respuesta a los defensores del modelo económico es correcta, los principios de justicia política se aplican a los individuos de manera indirecta, mediante la asignación de obligaciones posicionales por parte de la estructura básica de instituciones de una sociedad democrática, y permiten garantizar igual justicia a todos los miembros de la sociedad. En la sección 4, presento mi propuesta original de cómo entender la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación. Esta sería una obligación posicional perfecta correlativa con el derecho a la salud en sociedades democráticas justas o moderadamente injustas. En la sección 5, muestro de manera detallada el mecanismo apropiado para extender los principios de justicia política al caso de la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación. Con este objetivo, introduzco la idea de secuencia en cuatro etapas, que permite evaluar y diseñar nuevos esquemas institucionales para dar contenido a la obligación de continuidad de tratamiento. Y presento los principios de obligaciones y deberes individuales, que cierran el sistema rawlsiano brindando razones morales a los individuos para extender los esquemas institucionales justos a nuevas situaciones, reformar los existentes y cumplir con las obligaciones posicionales asignadas por estos nuevos esquemas. Por último, en la sección 6, discuto las objeciones más importantes al modelo de justificación de reciprocidad democrática. Por último, en la conclusión general, hago un intento de aplicación del marco teórico del modelo de reciprocidad democrática al análisis de los sistemas de continuidad de tratamiento para países como Argentina o Brasil y presento las líneas más importantes para la investigación futura. (shrink)

La doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, expresamente declaraba la obligación del Estado de investigar y juzgar a los responsables de su comisión. La Corte no sólo caracterizó dichos delitos, sino que también estableció que no eran susceptibles de amnistía, indulto, ni prescripción. Pero, en el año 2017 dictó el fallo “Muiña” donde, por voto mayoritario, decidió otorgarle el beneficio del “2 (...) por 1” a un condenado por dichos delitos. La consecuencia fue su inmediata libertad por el vencimiento de la condena. La respuesta de la sociedad fue clara. Con diversas manifestaciones, la sociedad civil, las instituciones y las personalidades públicas se declararon en contra de la sentencia. Más aún, del voto de los mismos jueces se observan expresiones que denotan un gran pesar a la hora de tomar la decisión. Más precisamente, sostenían estar ante un dilema. En este trabajo, lejos de realizar un análisis de la interpretación jurídica que se efectuó en la sentencia, se propone trabajar sobre el concepto de dilema y la posibilidad de aplicación en el presente caso. La finalidad concreta es indagar si se está ante un dilema y en su caso si los jueces utilizan este concepto como un arma argumentativa para lograr adhesión o compasión de la opinión pública. En este sentido, se comenzará relatando el marco jurídico del fallo, donde se describirá la historia judicial de Muiña y los argumentos dados por el voto mayoritario y el minoritario de la Corte. Luego, se realizará un análisis del concepto de dilema, para reconstruirlo sobre la base de dos grandes posturas: Una lógica conceptual y otra fenomenológica. Posteriormente, se realizará un examen de la dimensión institucional del derecho y la moralidad judicial, para - finalmente - poder intentar responder si se está efectivamente ante un dilema. (shrink)

Aunque el derecho probatorio y el derecho procesal se han dedicado desde siempre al estudio de los problemas relacionados con las pruebas y el establecimiento de los hechos en los procesos judiciales, el énfasis ha estado siempre en el aspecto formal, doctrinal y procedimental en detrimento de los fundamentos filosóficos y teóricos. Durante los últimos años ha habido un intento sostenido de explorar estos fundamentos combinando no sólo las herramientas tradicionales proporcionadas por la lógica, la gramática y la (...) retórica, sino también los avances hechos en ciencias como la estadística y la probabilidad, la medicina y la psicología forenses, la psicología de la percepción, la epistemología y la filosofía de la ciencia. El presente libro reúne las contribuciones de destacados juristas y filósofos latinoamericanos a esta nueva perspectiva interdisciplinaria, conocida como epistemología jurídica. El libro está dividido en tres grandes temas: la primera parte explora los problemas epistemológicos del conocimiento de los hechos en los procesos judiciales; la segunda se enfoca en el problema de los estándares de prueba; y la sección final discute el testimonio de los expertos. En su conjunto el libro ofrece un panorama tanto de los problemas centrales de la epistemología jurídica, como del estado del arte de la disciplina. (shrink)

Comentaba en el Prólogo a la 1ª edición que nos cuesta distinguir las técnicas de los métodos y aceptar que la buena investigación clínica es la que se realiza con método riguroso. Este método reposa en cuatro pilares: que la pregunta o cuestión formulada sea relevante, que esté enunciada de manera precisa y operativa, que sea abordada o respondida con el mejor medio disponible en cada circunstancia, y que evite redundancias o repeticiones de cuestiones que ya han sido examinadas por (...) otros investigadores. Añadía que es imprescindible una dosis de curiosidad y de entusiasmo por lo que se examina. Como se ha dicho con frecuencia, el ensayo clínico es, entre los métodos de investigación clínica, el "patrón oro", el que, gracias a su característica inherente (la distribución aleatoria), está sujeto a menores posibilidades de sesgos. Esta consideración no ha cambiado. Sin embargo, mayor validez interna del método no implica mayor relevancia de los resultados obtenidos. Actualmente es común examinar protocolos de ensayos clínicos bien diseñados, cuyo "único" problema es que pretenden evaluar aspectos de escaso interés farmacológico, terapéutico, epidemiológico o sanitario. ¿Qué interés tiene la evaluación del quinto fármaco de una serie en una indicación para la que ya hay cuatro análogos que le han precedido en su desarrollo? ¿Qué interés tiene la evaluación de un nuevo hipocolesterolemiante o de un nuevo fármaco para la osteoporosis si no se conocen, respectivamente, el impacto de la hipercolesterolemia como factor de riesgo de cardiopatía isquémica o la epidemiología de las fracturas en mujeres postmenopáusicas en nuestro medio? En relación con estos ejemplos, tendría mucho más interés conocer los determinantes epidemiológicos y la historia natural de la cardiopatía isquémica en nuestro medio y conocer la epidemiología de las fracturas "espontáneas" y su impacto sobre la demanda asistencial; para ello serían de mucha utilidad métodos de investigación cuya validez intrínseca podría ser considerada "subóptima" en comparación con el ensayo clínico. En los últimos años ha irrumpido con fuerza en numerosísimas publicaciones el concepto de la "medicina basada en pruebas". Esta moda refleja en parte la importancia que de manera creciente reguladores e industria farmacéutica han concedido a los ensayos clínicos: se ha alcanzado un consenso global sobre la necesidad de demostrar la "eficacia" de los nuevos medicamentos por medio de ensayos clínicos controlados. De este modo, los organismos reguladores y autoridades sanitarias exigen ensayos clínicos como uno de los elementos necesarios para obtener el registro de un nuevo medicamento. Como consecuencia, se realizan y publican muchos más ensayos clínicos que antaño, y actualmente se pueden encontrar ensayos que sustentan la eficacia de la mayoría de los medicamentos disponibles en indicaciones específicas. Si hace unos años bastaba con examinar si había ensayos clínicos que demostraran la eficacia de un determinado medicamento antes de adoptarlo como uno de los de uso común (o de incluirlo en el formulario de un hospital), en la actualidad estas decisiones son más complejas, y se basan sobre todo en una consideración atenta de los objetivos, los métodos y los resultados de cada ensayo o de otros estudios destinados a evaluar eficacia, seguridad, conveniencia o comodidad y coste. Un buen clínico debe saber a la vez leer críticamente las publicaciones científicas y producir información relevante. Leer críticamente significa evaluar la pertinencia de los problemas investigados, los métodos aplicados y la interpretación de los resultados obtenidos. Producir información relevante implica saber identificar los problemas que deben y pueden ser objeto de investigación, formularlos, y ser protagonista (generalmente como parte de un equipo) de la elaboración del plan de investigación. En los últimos años se han publicado varios textos similares al que tiene en sus manos, todos ellos de gran calidad. El presente no pretende ser el más exhaustivo, sino sobre todo interesar a los profesionales sanitarios en el apasionante campo de la investigación clínica, en su sentido más amplio, estimulando la autonomía del lector para investigar un problema o una situación, y para aprender a leer las publicaciones científicas clínicas. Su lectura debe contribuir a que términos como "doble ciego", "p<0,05", "casos y controles", etc. dejen de ser fetiches-misterios, para convertirse en herramientas conceptualmente sencillas, útiles para la evaluación de la actividad asistencial. Esta nueva edición está muy ampliada respecto a la anterior. Se han reorganizado las generalidades sobre los objetivos y métodos de la investigación clínica, se han ampliado algunos aspectos del ensayo clínico, como el análisis de subgrupos, los aspectos estadísticos y éticos y las publicaciones sobre ensayos clínicos, se han añadido cuatro nuevos capítulos, sobre efectividad y eficacia, metaanálisis, ensayos en un solo paciente y farmacoeconomía, y el Glosario ha sido revisado y ampliado (sobre todo con términos de farmacocinética, desarrollo preclínico de fármacos, estadística y biotecnología genética), e incluye casi 750 términos. Para su elaboración me he basado en numerosos textos y diccionarios,a aunque he reformulado la mayoría de las definiciones y he optado por añadir en ocasiones algún comentario personal a muchas de ellas. Carles Vallvé ha escrito el capítulo sobre Normas de Buena Práctica Clínica. Agradezco asimismo las precisones y comentarios de Eulalia Dalmau, Javier Jiménez, Josep Maria Castel y Xavier Vidal, así como los comentarios a versiones anteriores de Fernando Antezana y Jorleny Rojas. Eduard Diogène me sugirió la idea de la portada, El sueño de la razón produce monstruos, que Goya comentaba así: " La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles: unida con ella es madre de las artes y origen de sus marabillas" La 1ª edición de este libro, que fue promovida por Zeneca, tuvo una amplia difusión, en España y en América Latina. AstraZeneca me propuso preparar esta 2ª edición del mismo modo abierto que en ocasión de la primera; su actual Director Médico Ramón Estiarte me ha ayudado en la selección de términos para el Glosario. A él y al anterior Director Médico de Zeneca, Manuel Martín, agradezco su idea inicial, su estímulo y ayuda, y las facilidades que han dado para la difusión de este libro. Joan-Ramon Laporte. (shrink)

Este artículo analiza el ordenamiento electoral de República Dominicana, en sintonía con una tendencia común del derecho público de Occidente, que tipifica el transfuguismo político-electoral y sanciona la conducta desleal del tránsfuga contra las decisiones o los postulados del partido político, con la limitación de sus derechos políticos pasivos, no pudiendo ser postulado ni ser elegido a cargos de elección popular. El transfuguismo traduce una restricción de tipo legal interno contra todo actor político que traiciona a sus compañeros de (...) partido, a su partido o las decisiones de sus órganos partidarios, pactando con otras fuerzas políticas, basada en normas constitucionales, convencionales y en decisiones de organismos judiciales o instancias internacionales de protección de derechos humanos que, de manera vinculante, por efectos de la cosa interpretada (res interpretata), le confieren legitimidad y validez jurídica a la inhabilitación que se impone al transgresor frente a su conducta de perfidia político-partidista. Esto incluye la restricción del goce de sus derechos políticos pasivos, prohibiéndole ser nominado como candidato a cargos públicos, limitándole el derecho a ser elegido, como consecuencia de prácticas de transfuguismo político-electoral. (shrink)

Se define el derecho fundamental al Nuevo Orden Mundial (NOM),consagrado en el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH/ONU, 1948), como categoría jurídico dogmática, desde una dimensión ética y humanista, concebido como la facultad o prerrogativa convencional estatuida en función de la `realización efectiva´ de los derechos humanos (DDHH) y la felicidad de la persona humana, asumido como medio y fin para la plena materialización de su proyecto de vida valioso, elegido de manera libre y (...) autónoma, con seguridad humana (SH),donde el poder político está fundado en el cuidado y protección de la vida -Biocracia- destinado a cumplir y hacer cumplir la obligación imperativa de los Estados de respetar, proteger y garantizar los DDHH -por ser inherentes a la dignidad humana y funcionales al bien común- en una Democracia Integral, contribuyendo a la conformación de una sociedad más fraterna, humana, armónica, justa, incluyente y equitativa en un Estado de derechos humanos desde la perspectiva del Constitucionalismo Humanista oEstado humanista de derecho. (shrink)

Hace ya más de 40 años desde que se comenzase a explorar las posibilidades de emplear inteligencia artificial en el campo del derecho. Existen numerosos usos y propuestas en el marco de la IA y el derecho, desde la automatización de la búsqueda de la información jurídica hasta la personalización del derecho. Estas propuestas plantean diversas cuestiones relacionadas con la filosofía del derecho. La proliferación de propuestas, en ocasiones, dificulta identificar la relación existente entre cada una (...) de ellas con debates específicos de la filosofía del derecho. Este trabajo ofrece una clasificación de usos de la IA jurídica que facilita la identificación de los temas de filosofía de derecho especialmente afectados por cada uso. Se propone distinguir tres grandes categorías: derecho formalizado, práctica jurídica algorítmica, y derecho personalizado. Esta propuesta incorpora los avances recientes en machine learning y propuestas novedosas como la personalización del derecho. Con esta clasificación resulta más sencillo identificar las premisas iusfilosóficas en que se asientan o sobre las que deben reflexionar los diversos proyectos de empleo de IA en el derecho. (shrink)

El consentimiento informado del paciente se inserta en el ámbito de su autonomía decisoria. Aunque presenta un sustrato corporal, este aparece combinado con elementos de índole moral que presuponen una noción concreta de persona como libre y autónoma. Tanto de las definiciones doctrinales como del material normativo se desprende que se trata de una posición jurídica subjetiva del paciente, alternativamente calificada como una “pretensión” o “derecho subjetivo en sentido estricto”, en términos hohfeldianos; un “derecho negativo de defensa”, (...) o una “inmunidad”. En España, el Tribunal Constitucional ha vinculado el consentimiento informado del paciente al derecho fundamental a la integridad física y moral (15 CE), lo cual permite plantear el análisis en clave iusfundamental. Con todo, se advierten dudas e incompatibilidades entre la explicación habitual del consentimiento informado, su fundamento constitucional y su regulación jurídica. El objetivo del presente libro consiste en proporcionar una definición integral del consentimiento informado como derecho subjetivo del paciente y como manifestación de un derecho fundamental, a partir de una óptica poliédrica que aporta certeza en la práctica asistencial y jurídica. // The patient's right to informed consent is inserted within the scope of his decisional autonomy. Although it has a bodily background, it is combined with features of moral nature, which presupposes a concrete notion of the person as free and autonomous. Both, doctrinal approaches and normative legal material show that it is a subjective legal position of the patient, being alternatively qualified as a Hohfeldian “claim” or a “subjective right in a strict sense”; a "negative right" or an "immunity." The Spanish Constitutional Court has linked the informed consent of the patient to the fundamental right to physical and moral integrity (15 CE), which allows us to propose a fundamental rights-based analysis. Nonetheless, doubts and inconsistencies are perceived between the customary explanation of informed consent, its constitutional foundation and its legal regulation. The aim of this book is to provide a comprehensive definition of informed consent as subjective right of the patient and expression of a fundamental right, from a multi-fold perspective that provides certainty in both legal and health care practice. (shrink)

Resumen: Se trazan las líneas definitorias del derecho humano fundamental al desarrollo sostenible (DHFDS), desde una visión normativa del desarrollo y el constitucionalismo humanista, teniendo en cuenta la dignidad humana, la plena efectividad de los derechos humanos, el Enfoque Basado en los Derechos Humanos y la seguridad humana como pilares normativos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entendiendo que la plena efectividad de los derechos humanos da lugar al Derecho Humano Fundamental al Nuevo (...) Orden Mundial (DHFNOM) consagrado en el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 1948), aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se analiza el entendimiento común para la práctica de las normas y principios de derechos humanos en materia de programación del desarrollo, concibiendo el desarrollo sostenible como un derecho humano fundamental cuyo núcleo esencial son los derechos fundamentales integrados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se resalta el deber del Estado de respetar y proteger los derechos humanos de los que las personas y los pueblos son titulares para materializar tangiblemente sus derechos fundamentales inalienables priorizando, en consecuencia, la atención y participación los grupos humanos en situación de debilidad manifiesta, expuestos a mayor vulnerabilidad, marginación, exclusión y discriminación destacando en aras del florecimiento humano, el bien común, el desarrollo sostenible y el desarrollo humano integral de todos. (shrink)

El derecho a una muerte digna es ampliamente ignorado por el ordenamiento jurídico brasileño. Esta invisibilidad del proceso de finitud y sus consecuencias son el objeto de este estudio, que tiene como objetivo realizar una encuesta exploratoria para identificar los puntos relevantes que deben desarrollarse para garantizar un proceso de finitud digno. Se analizaron 50 publicaciones a través de una encuesta online y física de obras publicadas hasta marzo de 2023. Los estudios analizados expresan preocupación por los dilemas éticos (...) de la atención a seres humanos en finitud, pero no analizan las formas de pro-tección a la finitud existentes ni cuáles son las áreas que aún necesitan regulación para hacer efectiva esta atención. Se espera que esta investigación contribuya a fortalecer la visión crítica de la finitud, considerando la protección actual de la finitud, los límites jurídicos del Estado y los posibles pasos futuros para avanzar en los estudios aplicados a la actualización práctica del sistema jurídico brasileño. (shrink)

Dignidad humana, Internet, hiperderecho fundamental, desigualdad digital, mínimo vital digital... Se analiza la evolución dogmática de la categoría dignidad humana, acuñada por la Corte Constitucional colombiana, desde la visión del “constitucionalismo humanista”, articulado con i) la plena efectividad de los derechos humanos; ii) el logro del proyecto de vida valioso de la persona humana y iii) el tratamiento legal y jurisprudencial que sobre el acceso a Internet como derecho humano viene dándose a nivel internacional y nacional en medio (...) de la sociedad digital. Se describe la relación de funcionalidad que existe entre los derechos fundamentales y el logro contenido normativo de la dignidad humana; la forma de derecho subjetivo de éstos y el consenso de dogmática constitucional que los caracteriza. Se sostienen que el acceso a Internet puede ser reconocido como un derecho fundamental apegado a los requisitos de dogmática constitucional para la realización del proyecto de vida valioso de la persona y su funcionamiento efectivo en la sociedad, imponiendo al Estado el deber de adoptar decisiones y aplicar políticas públicas que garanticen tangiblemente dicho derecho y los demás derechos fundamentales que convergen en su núcleo esencial, que permitan superar la desigualdad digital, promover la democratización digital o informática, aprobar un mínimo vital digital -basado en la universalidad, solidaridad, accesibilidad, equidad y gratuidad-, y alcanzar la inclusión tecnológica de la población más vulnerable o vulnerada, en situación de indigencia digital o pobreza informática. (shrink)

El taekwondo como arte marcial y disciplina siempre ha sido un medio para garantizar la construcción de personas seriales que toman en cuenta la práctica del respeto y los valores (más allá de la efectividad y el rendimiento deportivos), desde una lógica orientada a constituirlas como líderes en situaciones multidisciplinarias. Uno de los enclaves más comunes que se derivan de su aprendizaje es la perseverancia, que es de importancia para enfrentar las adversidades cotidianas y concretizar proyectos. De allí, es (...) que la paciencia y la contribución consuetudinarias por esa formación suscitan un aval de que se patentizarán esos intereses anhelados. Otro aditamento es la configuración de personas que procuran articular una ideología humanizadora, en la que se muestran igualdad y democracia en la metrópoli. Sin embargo, a la cultura latinoamericana dictatorial (recurro a esta calificación pertinente por apreciarse en estos países disconformidad política, fomento de la corrupción, abusos de poder, crímenes y violaciones a los derechos humanos), no le conviene que existan ciudadanos de esa índole, así como intelectuales que critican las irregularidades de su sistema, porque prevalece un requerimiento implícito por no educar y solo recompensar cuando se aprecian logros inmediatos y cualitativos sin considerar la procedencia. Ante ello, el propósito de esta investigación cuestiona la importancia real que el Estado latinoamericano otorga a los practicantes de taekwondo, siendo sus acciones y sus resultados los que integrarán una representación eficaz que la cultura pretenda imitar para que, de esa forma, se consiga una sociedad democrática, competitiva y transparente. (shrink)

La naturaleza del ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla derechos fundamentales y busca implementar nuevos derechos que han ido surgiendo en los últimos años. Sin embargo, estas acciones deben respetar los derechos fundamentales ya establecidos, un área de particular tensión es el conflicto entre el derecho al acceso a la información, específicamente los procesos judiciales y el derecho al olvido. La investigación buscó, por tanto, analizar cómo Ecuador, a través de leyes como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (...) o el Código Orgánico de la Función Judicial busca equilibrar el alcance e intereses de estos derechos; para ello se requirió al uso de leyes, normas y doctrinas para su análisis que, junto al método sintético-analítico, inductivo y deductivo sirvieron para comprender y delimitar de mejor manera los temas objeto de estudio y la información en general. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un método para la evaluación del derecho de publicidad de procesos contra el reconocimiento del derecho al olvido en un ecuador constitucional. Se examinó la implementación del derecho al olvido, definición de información pública y el principio de publicidad, concluyendo que, Ecuador enfrenta el reto de desarrollar un marco legal sólido que proteja tanto la transparencia y rendición de cuentas como la privacidad y la dignidad de las personas en la era digital. Los jueces y legisladores deben considerar cuidadosamente los casos concretos y buscar soluciones que equilibren estos derechos fundamentales. (shrink)

El presente artículo expone el estado actual y los retos derivados que se puedan llegan a manifestar en el ámbito de Seguridad nacional, teniendo en cuenta las esferas: política, socioeconómica e institucional, en relación con el punto sexto del Acuerdo Final pactado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARCEP) que hace alusión a su Implementación en el Estado. Para lo cual, se plantean tres ejes específicos para el desarrollo (...) del escrito: a) se explica el proceso de implementación relacionándolo con la transición en un escenario de Posconflicto; b) se describe el punto sexto del Acuerdo de Paz en el país con el fin de especificar los elementos fundamentales; posteriormente, c) se analiza el impacto que este proceso tiene en el ámbito de Seguridad de Colombia, especificando el estado actual y los retos que se derivan y que deben ser atendidos para la efectividad del proceso. (shrink)

El presente trabajo aborda el estudio de la ética de la responsabilidad en la función legislativa de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, desde la perspectiva de la evaluación del trabajo de los diputados federales, y busca dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Es eficiente el trabajo de los Diputados Federales en la Cámara de Diputados? El propósito es ¿cómo medir y evaluar la actuación en la función legislativa de los Diputados Federales? y con ello, aproximarnos (...) a identificar si ¿es eficiente y ético el trabajo desempeñado por estos representantes públicos? El trabajo se integra en tres partes. En la primera se ubica el concepto de la ética de la responsabilidad y en la función legislativa. En la segunda sección se presenta la propuesta de un indicador para medir la eficiencia legislativa y se analiza el caso de los diputados federales de la LXI Legislatura que representan al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Finalmente, en la tercera parte se presenta una propuesta de acción ciudadana a partir de la información de la eficiencia legislativa y de la necesidad de exigir cumplimiento de la responsabilidad ética en la función legislativa. Como conclusiones importantes de la evaluación de la eficiencia legislativa de los diputados federales de la LXI Legislatura, nos muestra al menos dos resultados importantes: i) El índice de efectividad legislativa (IEL) muestra niveles muy bajos, tanto a nivel del pleno de la Cámara de Diputados, como a nivel del grupo de estudio de los diputados federales representantes del Estado de Veracruz. ii) En ambos casos, muestran un índice de rezago legislativo muy alto. Una alternativa es la exigencia ciudadana del cumplimiento ético de responsabilidad en la función legislativa al conocer la evaluación de resultados, misma que sirve como referencia para identificar escenarios de elección política basados en resultados. (shrink)

La emergencia climática impacta en el derecho humano a la salud, por lo que los Estados y la comunidad internacional deben tomar medidas concertadas y urgentes para enfrentar esta problemática. Este informe tiene como objetivo brindar herramientas desde un enfoque centrado en la relación entre el clima y la salud para abordar algunas de las preguntas sobre las obligaciones de los Estados incluidas en la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos presentada por Colombia y Chile ante la (...) Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto, la adaptación de los sistemas de salud emerge como una prioridad para enfrentar los desafíos de la emergencia climática, especialmente para los grupos vulnerables, como mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas. Se describen facilitadores para una transición justa hacia una sociedad resiliente al cambio climático, incluyendo diversas formas de justicia (reconocimiento, procedimental, distributiva, intergeneracional y epistémica). Así como también, el deber de los Estados de investigar y establecer prioridades de investigación como garantía del derecho a la salud. Se aborda la brecha epistémica en el acceso al conocimiento científico y se enfatiza la importancia de la justicia epistémica para superar desigualdades en el acceso y la utilización del conocimiento. Palabras claves: derechos humanos, salud, cambio climático. (shrink)

La administración científica de la educación ha llevado a que las instituciones educativas muestren en los últimos años un marcado interés por los rankings, la rendición de cuentas y por una educación de calidad basada en la excelencia individual. Frente a esta dinámica, el presente trabajo muestra que las exigencias de una sociedad que ha venido de experiencias conflictivas o que quiere formar ciudadanos solidarios, requieren un cambio de perspectiva desde la autonomía individual hacia la construcción de escenarios (...) de cooperación y respeto por el otro. Mediante un análisis teórico, este artículo muestra la insuficiencia del modelo taylorista de educación y propone una educación para la incertidumbre como apertura hacia la cooperación y la solidaridad. (shrink)

El acceso a la justicia como derecho, y el diseño e implementación de políticas públicas que lo tornen operante, exige un abordaje formativo crítico que se inscriba en la línea de una triple articulación: filosófica, jurídica y política. Enmarcada en dicha pretensión, la propuesta del curso “Agencias judiciales, políticas públicas y acceso a la justicia” tiene por objeto: a)Promover la reflexión sobre el acceso a la justicia como núcleo problemático de nuestra contemporaneidad social y jurídica. b)Reinscribir dicha reflexión crítica (...) en las filiaciones iusfilosóficas que la posibilitan e impulsan. c)Conceptualizar el acceso a la justicia como desafío medular de políticas de inclusión social.d)Identificar las complejidades que se derivan del carácter críptico y técnico que reviste el derecho moderno y el lenguaje jurídico que lo constituye, circunstancia que dificulta su accesibilidad y difusión. e)Efectuar aportes formativos que sirvan de base para la elaboración de políticas de acceso a la justicia que posibiliten la desarticulación de esta opacidad y formalización del lenguaje jurídico. f)Advertir el carácter performativo que porta el derecho como práctica social discursiva no solo como esfera de producción normativa sino también de construcción de las representaciones sociales que se disputan en la escena pública. g)Comprender el rol fundamental que poseen las agencias judiciales como instancias de promoción y desarrollo de políticas públicas en materia de acceso a la justicia. h)Esbozar los desafíos de dichas agencias judiciales para la profundización del acceso a la justicia como derecho vinculado a problemáticas específicas tales como la vulnerabilidad social y la diversidad cultural y lingüística. (shrink)

El presente texto llama la atención del lector y, en sus líneas, busca destacar la importancia jurídica y política que representa, en el corpus del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en la actualidad, el contenido de derecho forjado por los próceres libertarios durante la guerra de independencia de las repúblicas que conformaron la Gran Colombia, cuyo contenido estuvo orientado a la humanización y civilización de la barbarie de la guerra, bajo la égida del respeto a la condición de la (...) persona humana. La aproximación al tema no demerita ni niega otros aportes arrimados por pensadores, estudiosos, filántropos, universidades u organizaciones en la consagración y evolución del DIH, que por ser conocidos y aparecer en la bibliografía autorizada (nacional e internacional) sobre el mismo serán obviados en cuanto a su inclusión en el texto. Este significativo aporte socio-jurídico, que pasa inadvertido (y hasta ignorado) para muchos de nuestros tratadistas locales y, con mayor razón, para los estudiosos foráneos del tema, merece ser replanteado en su análisis y relanzado al sitial, no solo histórico, sino educativo, cultural, político y jurídico en que deberíamos tenerlo quienes profesamos, por vocación o por actos de fe, la pasión por el estudio del derecho y el prudente saber de la justo. (shrink)

El artículo responde a dos preguntas de escrutinio público que apelan a la sensibilidad republicana de ciudadanos lectores y comunes: ¿en qué tiempo vivimos? y ¿qué administración pública hacer hoy? Se trata de las repúblicas de los sintientes, las repúblicas ecosociales y las repúblicas comunes interespecies. Aquí, como no podría faltar, el liberalismo (razón liberal), los socialismos (razón ecosocial) y el comunismo (razón común), colisionan de manera radical e indefectible: son dialogantes entre sí. En el recuento mismo, en esta (...) crisis existencial aflora por parte del autor una decantación filosófica sutil, razonable y somática, comprometida con alguna de ellas. (shrink)

El “Derecho” o “derecho”, como quiera que se escriba su grafía, en forma constante o inconstante, en un mismo texto, o en distintos textos, y por la razón que fuere que se escoja la mayúscula o la minúscula para designarlo, es un objeto muy complejo, y por eso mismo susceptible de ser investigado. Comencemos por un dato de biografía académica. Es el siguiente: desde hace algunos años, en el curso de posgrado de metodología de la investigación jurídica que (...) doy en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, no me canso de insistir en dos temas a los estudiantes. Primero, en que los futuros investigadores del Derecho deben obsesionarse por desentrañar “problemas”. Problemas relevantes, dados sus aspectos teóricos y/o prácticos. Segundo, que los pasos metodológicos que conducen a revelar, justificar y tratar dichos problemas, mediante la formulación de un marco teórico, de unos objetivos y de una metodología propiamente dicha, son diversos y el investigador debe tomar la decisión vital (no solo intelectual) de “elegir” uno de ellos. Diversos debido a la pluralidad epistemológica de concepciones sobre el Derecho, objeto de las pesquisas. Diversos, además, por la pluralidad de instrumentos, categorías y conceptos; en una palabra, diversidad de métodos que se pueden emplear para investigar el Derecho. (shrink)

El autor trata de hacer balance, treinta años después, de lo que ha significado en el panorama del pensamiento jurídico la aparición de la Teoría del Derecho (Legal Theory, Rechtstheorie). El autor estudia los supuestos y razones del nacimiento de la Teoría del Derecho, como intento de superación de las limitaciones e insuficiencias del iusnaturalismo, del iuspositivismo y de su Teoría General del Derecho, así como de la Filosofía del Derecho postpositivista. Tras analizar el programa de (...) la Teoría del Derecho en sus direcciones anglosajona (Legal Theory) y alemana (Rechtstheorie), el autor hace un juicio de sus resultados (aportaciones e insuficiencias), postulando la posibilidad y necesidad de una Teoría Fundamental del Derecho que se configuraría como una ontología jurídica integral (material y formal al mismo tiempo). (shrink)

El presente estudio analiza el avance del populismo penal en Ecuador, tomando en cuenta los últimos índices de violencia, las reformas constitucionales más recientes y los lineamientos para un correcto desarrollo de la política criminal. Se busca contribuir a un debate informado en la academia sobre este tema crucial para la seguridad pública y la justicia en el país, en este momento de coyuntura social en el que el populismo penal ha tomado auge en Ecuador. La presente investigación tiene (...) como objetivo desarrollar un método neutrosófico para la evaluación del avance del populismo penal en Ecuador. Se caracteriza por reformas legislativas que endurecen las penas, amplían el catálogo de delitos y restringen los beneficios penitenciarios. Si bien estas medidas pueden generar una sensación de falsa seguridad en la población, no abordan las causas estructurales de la criminalidad y, en muchos casos, tienen consecuencias negativas en los derechos humanos y la reincidencia delictiva. (shrink)

Es difícil imaginar una sociedad del buen vivir sin arte. Por ello, la creatividad artística es reconocida como derecho en la Constitución del Ecuador, y como derecho humano en los intrumentos internacionales relevantes. Partiendo de esta reflexión, los artículos de este libro argumentan que siendo el arte un derecho, le corresponde al Estado la provisión de condiciones para su garantía por medio de políticas públicas, que deben tomar en cuenta tanto las especificidades de las personas, y los (...) pueblos y nacionalidades, como el contexto tecnológico de la era digital, que brinda las bases para una sociedad abierta donde el conocimiento sea libre. (shrink)

El objetivo de esta entrevista realizada el 11 de julio de 2021 a Óscar Sarlo, miembro de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, consistió en detectar y comentar en qué estado se encuentra la capacidad de los ciudadanos de América Latina con respecto a la introducción del Derecho en distintos ámbitos sociales. El resultado de esa inserción es fructífero al hacer referencia a la producción literaria; sin embargo, también se trata de un ejercicio deleznable, tal como lo sigue (...) desarrollando la televisión nacional e internacional. En ese sentido, este trabajo permitió dilucidar cómo un tipo de audiencia está comprendiendo erróneamente y tergiversando la actividad jurídica. Ese malestar cultural también estaría justificado por el desconocimiento de las verdaderas funciones de las mismas instituciones que se encargan de impartir leyes y normas comunitarias. (shrink)

Con una metodología analítico-sintética, el propósito del presente artículo es ofrecer un fundamento teórico sobre la legitimidad de los actos y las decisiones morales. Por consiguiente, se resolverá la siguiente cuestión: ¿cuál es la función ética del derecho, en el marco del ejercicio de una conciencia y consciencia construidas por agentes morales? Se concluye que la coacción legítima debe fundarse en la protección universal de toda persona y en el sometimiento a objeciones por parte de los ciudadanos, con el (...) propósito de revisar la legitimidad y legalidad de las normas jurídicas. (shrink)

Una de las tesis que tradicionalmente han sido defendidas por la tradición del positivismo jurídico es la tesis coactiva, según la cual el derecho consiste en un conjunto de normas coactivas, en el sentido de impuestas por medio de la fuerza. Pero, sin abandonar esta corriente, ha habido históricamente diversas maneras de entender las relaciones entre derecho y fuerza. Si, pues, hasta comienzos del s. XX era opinión común la idea de que el derecho constituía un conjunto (...) de mandatos o normas de conducta cuya eficacia se garantizaba a través de la amenaza del uso de la fuerza coactiva a los transgresores de aquéllas; a lo largo del siglo pasado, empero, algunos autores muy destacados dieron en sostener la opinión de que la fuerza disponible por jueces y funcionarios venía a constituir sustancialmente el objeto mismo de toda regulación jurídica. Según esta última concepción, el derecho tendría primordialmente la función de articular las condiciones de legitimidad para el uso de la fuerza, designando a los sujetos a los que se encomienda tal uso y determinado los casos y modalidades en los que pueda utilizarse. Entre quienes sustentan la primera tesis, que afirma que la fuerza constituye la garantía del derecho, es lugar común citar a Austin y, a menudo, se cita también a Jhering. Entre los defensores de la segunda tesis común es habitual mencionar a Kelsen, Olivecrona y Ross, habiéndose sustanciado una polémica entre Bobbio y Olivecrona en punto a determinar si fuera menciona Olivecrona o fue Kelsen el primero en adoptarla. Sin embargo, es problemático incluir a Jhering dentro del primer grupo y no dentro del segundo, en cuyo caso habría que atribuirle la primera formulación histórica de la tesis. Este trabajo, de carácter histórico, parte de la citada polémica y trata de verificar la constancia de la segunda tesis en las obras no sólo de Kelsen y Olivecrona, sino sobre todo de Jhering. (shrink)

Resumen: Una de las formas más comunes y menos estudiadas de parcialidad judicial subjetiva es la disminución de la credibilidad otorgada a un testigo debido a un prejuicio identitario implícito del agente judicial. En la epistemología social, este fenómeno ha sido estudiado bajo la rúbrica de la injusticia testimonial. En este ensayo mostramos que para determinar la ocurrencia de un caso de injusticia testimonial en el derecho se deben cumplir tres condiciones que son imposibles de verificar empíricamente y que (...) están basadas en presupuestos psicológicos que han sido puestos en duda en años recientes. Sin la posibilidad de verificar estas condiciones, estamos frente a un tipo de parcialidad judicial indetectable. En su lugar, ofrecemos una nueva forma de entender la injusticia testimonial en el derecho como un fenómeno más general que describe una tendencia comportamental prejuiciosa recurrente por parte de un agente judicial. Entendida de este modo, la injusticia testimonial es completamente verificable. -/- Abstract: One of the most common and least studied forms of subjective judicial partiality is the credibility deficit suffered by a witness due to an implicit identity prejudice in a judicial agent. Social epistemologists have studied this form of partiality under the rubric, “testimonial injustice.” In this essay we argue that to verify the occurrence of a singular instance of testimonial injustice in law three facts must be established, none of which can be established with any degree of confidence. Furthermore, all of them are based on psychological suppositions that have been recently discredited. Without the possibility of establishing these facts, we end up with an undetectable form of subjective judicial partiality. In its place, we offer a new way of understanding testimonial injustice in law as a general phenomenon that describes a recurrent pattern of prejudiced behavior in a judicial agent. Under this characterization, testimonial injustice becomes empirically verifiable. (shrink)

La “Recomendación del Consejo de la OCDE sobre inteligencia artificial” es un conjunto de directrices y principios para el desarrollo y despliegue de sistemas de IA alineados con los valores y derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. Fue adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en mayo de 2019 e incluye cinco principios clave para la gobernanza de la IA. Ésta debe beneficiar a las personas y al planeta impul- (...) sando el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar; los sistemas de IA deben respetar el estado de derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad; también deben ser transparentes para garantizar que las personas comprendan los resultados y puedan cuestionarlos; los sistemas deben ser sólidos, seguros y protegidos durante todo su ciclo de vida; y las partes interesadas deben colaborar para maximizar los beneficios de la IA y minimizar sus riesgos. Se concluye aquí que los Principios de IA de la OCDE han sido criticados por no ser vinculantes y carecer de un mecanismo formal de aplicación. Tampoco abordan preocupaciones sociales amplias, como el desplazamiento de puestos de trabajo y la concentración de poder en unas pocas empresas. Además, es posible que los principios no tengan en cuenta los retos a los que se enfrentan los países en desarrollo y estén demasiado centrados en los intereses de las economías avanzadas. Sin embargo, la Recomendación de la OCDE establece una serie de principios ampliamente aceptados y respaldados tanto por los miembros, como por los que no lo son. Entre los valores figuran la transparencia, la solidez, la seguridad, la responsabilidad, la justicia, la equidad y la determinación humana. Este conjunto compartido de principios proporciona una base sólida para el desarrollo responsable de la IA, más allá de las fronteras de los “países ricos”. (shrink)

¿Qué ocurre con la continuidad del tratamiento de los sujetos de investigación después de que realizan la última visita del ensayo en el que participan? En algunos casos, la falta de continuidad de atención de la salud apropiada podría poner en peligro la salud de estas personas. Por lo tanto, es probable que los sujetos de investigación que al terminar su participación en un ensayo todavía se encuentran enfermos, necesiten continuar con el tratamiento en estudio u otra atención de la (...) salud adecuada por el resto de sus vidas, sean unos pocos meses o muchos años. No obstante, no todas las sociedades cuentan con los recursos e instituciones para resolver el problema de la continuidad de tratamiento beneficioso. La opinión de un sujeto de investigación norteamericano, al que llamaremos Pedro, sin seguro de salud que participó en un ensayo de largo plazo sobre diabetes ejemplifica el problema de la continuidad de tratamiento beneficioso: “de repente [ellos] simplemente cortan la cuerda, y uno está solo por su cuenta, ya sabes. O consigues trescientos o cuatrocientos dólares al mes para seguir con esto o simplemente sigues adelante y mueres”. En este trabajo intentaré dar un panorama de la reciente discusión en torno al problema de la continuidad de tratamiento beneficioso en la ética de la investigación. Por tratamiento beneficioso hago referencia a dos cosas. En primer lugar, el tratamiento beneficioso puede ser (1) el tratamiento en estudio, p. e. el tratamiento o intervención en investigación que estaba recibiendo Pedro para su diabetes en el ejemplo anterior. Una droga o un producto biológico es un tratamiento en estudio para un uso propuesto (indicación) desde el primer ensayo con seres humanos hasta el momento en que es aprobado para su comercialización por las autoridades reguladoras de fármacos. El segundo lugar, el tratamiento beneficioso también puede ser (2) otra atención de la salud apropiada para el sujeto de investigación distinta del tratamiento en estudio, p. e. si existiera un tratamiento alternativo disponible para la enfermedad o condición de Pedro, distinto del tratamiento en estudio, y se justificara hacer la transición a ese otro tratamiento por razones de un mejor perfil de efectividad, seguridad y/o toxicidad. En la sección 1 de este trabajo introduciré una taxonomía de las obligaciones éticas de acceso posinvestigación (1.1.), realizaré un relevamiento histórico del concepto basado en las guías éticas internacionales (1.2) y analizaré el surgimiento del término “continuidad de tratamiento beneficioso hacia los sujetos de investigación” y otros términos análogos como “atención después de la investigación” (1.3). En la sección 2 presentaré los casos ejemplares en la bibliografía: continuidad de tratamiento en investigación en VIH/SIDA (2.1), continuidad de tratamiento en investigación en cáncer (2.2.) y otros casos de continuidad de tratamiento (2.3). (shrink)