Pretendemos acercarnos a la posición que el Tribunal Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia respecto al Derecho de la Unión Europea. -/- La postura del Tribunal Constitucional español es compleja en sí misma por las dudas que plantea, dejando traslucir, se podría decir, cierta indecisión en cuanto a su propia naturaleza de juez comunitario. -/- Considerando la diferente perspectiva que mantiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se puede deducir una especie (...) de relación en la arquitectura judicial europea que está llamada a ser dialéctica y de equilibrio, máxime en una Unión Europea donde también el poder político reside en un sistema de equilibrios en diferentes direcciones. (shrink)

La primacía y efectividad del Derecho de la Unión Europea se proyecta también sobre la Administración Pública y sobre sus actos. Esto obliga a la Administración, como sucede con el juez nacional, a aplicar el Derecho europeo de forma efectiva, lo que exige realizar una interpretación conforme del derecho interno y de la práctica administrativa. -/- Sin embargo, a diferencia del juez nacional, la Administración Pública carece de la guía interpretativa del Tribunal de Justicia. (...) Esto hace muy necesario tener en consideración la doctrina de este tribunal sobre la primacía y efectividad del Derecho europeo y su proyección sobre los actos administrativos, donde si bien la seguridad jurídica protege como regla general a los actos administrativos firmes, en algunos casos se deriva una facultad o una obligación de revisión de actos administrativos firmes. -/- El presente trabajo tiene como propósito realizar un análisis actualizado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la aplicación de la primacía y efectividad del Derecho de la Unión sobre los actos administrativos. (shrink)

La función de los órganos jurisdiccionales nacionales como jueces ordinarios del Derecho de la Unión Europea es una de las cuestiones jurídicas fundamentales del proceso de integración europea. -/- En el ámbito de dicha función, la cuestión prejudicial es un instrumento esencial para garantizar una interpretación y aplicación homogénea del Derecho de la Unión además de coadyuvar a la cooperación entre los jueces nacionales y el Tribunal de Justicia. -/- Vamos a tratar de estudiar (...) este instrumento del planteamiento de la cuestión prejudicial, en particular por parte de los órganos jurisdiccionales españoles, tanto desde el punto de vista europeo como nacional, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de nuestro Tribunal Constitucional. (shrink)

El Tribunal de Justicia ha comenzado a utilizar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como un instrumento con fuerza jurídica equivalente al Tratado, a la vez que amplía el ámbito de su control jurisdiccional y su posición como garante de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Sin embargo, esto debería ir acompañado de una auténtica garantía de los mismos y una pormenorizada justificación de sus límites y restricciones, lo que no parece (...) evidente en todos los casos. (shrink)

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de Derechos Fundamentales adquiere eficacia jurídica, y se prevé la posibilidad de que la Unión Europea se adhiera al Convenio de Roma. En este trabajo pretendemos acercarnos a los antecedentes que han justificado una huída de la tutela de los derechos fundamentales de base jurisprudencial desarrollada por el Tribunal de Justicia hacia una formalización de la misma, a través de dos caminos: la formalización a través de (...) una declaración de derechos que se ha concretado en la Carta de Derechos Fundamentales, y la adhesión al Convenio de Roma. Finalmente trataremos de esbozar las perspectivas que se abren en el horizonte constitucional de la Unión Europea, donde gozamos ya de un Tribunal de Justicia que ejercerá una función tan constitucional como la tutela de los derechos fundamentales, contenidos ya en una declaración con fuerza jurídica, cuya interpretación se vincula al Convenio de Roma. (shrink)

El principio de seguridad jurídica tiene, como una de sus manifestaciones características, dentro del Estado de Derecho, la fuerza de cosa juzgada (res iudicata) que se atribuye a las sentencias o resoluciones judiciales equivalentes firmes, y que implica tanto su impugnabilidad como su potencial influencia en litigios posteriores que guarden una conexión con el asunto ya resuelto en firme. Sin embargo, es posible que estas decisiones judiciales firmes de jueces nacionales, por diversas causas (error, omisión, interpretación manifiestamente contraria, etc.) (...) vulneren el Derecho de la Unión Europea y, por tanto, afecten tanto a su primacía como a su efectividad en sus relaciones con los ordenamientos jurídicos nacionales. El Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de enfrentarse al dilema de ponderar el principio de fuerza de cosa juzgada con las primacía y efectividad del Derecho de la Unión en diversas sentencias. Este trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación y revisar la jurisprudencia más importante al respecto hasta la actualidad. (shrink)

Resumen. -/- Premio de artículos jurídicos «GARCÍA GOYENA» (Curso 2013-2014). Tercer accésit El proceso de integración europea, en el que vivimos inmersos, reviste caracteres económicos, sociales, políticos y jurídicos; que dotan de características peculiares a un proyecto de integración cuya naturaleza está en constante discusión, casi tanto como su futuro. Sin duda, uno de los grandes protagonistas del proceso de integración ha sido y es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo con la proclamación (...) y consagración de los principios definitorios de la relación entre el ordenamiento comunitario, hoy de la Unión Europea con los ordenamientos nacionales: los principios de eficacia directa y de primacía del Derecho comunitario. Esto lo ha hecho a la vez que desarrollaba su jurisprudencia sobre las libertades económicas fundamentales consagradas en el Tratado de la Comunidad Económica Europea (libre circulación de mercancías, libre prestación de servicios, libre circulación de trabajadores y libre circulación de capitales). Este trabajo tiene por objeto estudiar dicha jurisprudencia, analizando el papel preponderante de la libre circulación de mercancías, así como las perspectivas de futuro tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. -/- Abstract. -/- The process of European integration, in which we are immersed, has economic, social, political and legal characters giving special characteristics to an integration project whose nature is in constant discussion as its future. Certainly one of the great protagonists of the integration process has been and is the European Court of Justice, especially with the proclamation and consecration of the defining principles of the relationship between Community law, now European Union law, and national law: principles of direct effect and supremacy of EU law. ECJ recognised this principles while it developed its jurisprudence on fundamental economic freedoms recognised in the Treaty establishing the European Economic Community (free movement of goods, freedom to provide services, free movement of workers and free movement of capitals). This work aims to study this case law, analyzing the dominant role of the free movement of goods as well as the future trends after the entry into force of Lisbon Treaty. (shrink)

ecientemente hemos podido asistir a una revitalización del debate sobre la primacía del Derecho de la Unión Europea y los eventuales límites de la misma que algunos tribunales constitucionales defienden para preservar la identidad constitucional y otros principios esenciales del orden jurídico interno. -/- El Tribunal Constitucional Federal alemán ha declarado, en sentencia de 5 de mayo de 2020, que la sentencia Weiss y otros del Tribunal de Justicia de la UE es ultra vires. La (...) reacción mayoritaria institucional y doctrinal ha sido la de cuestionar la decisión del Tribunal alemán, así como el pluralismo constitucional que entienden está detrás de la misma. -/- Este trabajo, desde una perspectiva abierta y plural, trata de aproximarse al debate constitucional, identificar algunos de los problemas existentes en el orden jurídico multinivel europeo, y defender que, no siendo las cosas fáciles, se hace más necesario que nunca huir de posiciones absolutas y buscar el diálogo entre tribunales. (shrink)

Como es sabido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha precisado que las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho de los Estados miembros están regidas por el principio de primacía del primero sobre los segundos. Sin embargo, la autoridad formal que puede ostentar el Derecho de la Unión Europea en los sistemas jurídicos nacionales no va a depender en exclusiva de la jurisprudencia de dicho (...) class='Hi'>tribunal, sino que está condicionada, en gran medida, por las características de cada ordenamiento nacional, y la jurisprudencia de los tribunales constitucionales o supremos nacionales. -/- De hecho, en gran parte de los Estados miembros, fundamentalmente en la jurisprudencia de los tribunales constitucionales o supremos de los mismos, se pueden encontrar ciertas reservas o límites a la aceptación de la primacía del Derecho de la Unión. El propósito de este trabajo es estudiar el origen y desarrollo de estas reservas como límites constitucionales a la integración europea para que, consiguiendo un pequeño esbozo de la situación actual de estos límites, podamos comprender mejor las relaciones entre las más altas cortes de los Estados miembros y el Tribunal de Justicia en un sistema jurídico multinivel. (shrink)

La protección de los derechos fundamentales en el sistema multinivel europeo exige de criterios hermenéuticos que posibiliten la delimitación del contenido y extensión del derecho fundamental en juego. Así, debemos considerar los derechos fundamentales reconocidos a nivel nacional (Constituciones), internacional (Convenio Europeo de Derechos Humanos) y de la Unión Europea (Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea). -/- Es necesario delimitar los criterios de interconexión más adecuados para llegar a los criterios de interpretación de los que (...) se deriven las exigencias y garantías de los derechos fundamentales. En el marco de los países miembros de la Unión Europea, que son a su vez parte del Consejo de Europa, es donde se da este sistema multinivel a tres bandas, donde será necesario analizar los criterios de interconexión desde el derecho de la Unión Europea, que es el que consagra el criterio del máximo nivel de protección aplicable, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, y que como veremos es compatible con los límites constitucionales consagrados en la doctrina constitucional de los Estados miembros, así como con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (teniendo en consideración la futura adhesión de la UE), puesto que este criterio implica que a la hora de tutelar los derechos fundamentales habrá que buscar el nivel más alto de protección de los mismos. (shrink)

En Europa vivimos inmersos dentro de una pluralidad de sistemas constitucionales: tanto los sistemas estatales como el sistema de la Unión Europea. Esto podía llevar a ciertas situaciones de conflicto, al menos en una perspectiva teórica en principio, y por ello se ha tratado de explicar y solucionar la tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea mediante la teoría llamada «pluralismo constitucional». Sin embargo, se plantean dudas que pueden llevarnos a considerar dicha teoría como una mera (...) «construcción artificial» que no haría sino ocultar los verdaderos problemas de la tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea. (shrink)

La Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014, Google Spain (C-131/12) ha supuesto un hito muy relevante en el sistema de protección de derechos fundamentales de la Unión Europea, dando origen al derecho al olvido, y abriendo un camino del que queda mucho por explorar. Una de las cuestiones más controvertidas es determinar el alcance territorial del derecho al olvido, que está vinculado al alcance territorial de una sentencia que no tenemos derecho a olvidar.

Recientemente el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha venido a resolver, en Sentencia de 18 de junio de 2012 (rec. núm. 489/2007), un recurso de casación en el que se planteaba la cuestión de la eficacia en España, a efectos registrales, de una escritura otorgada ante notario alemán, dándole validez, y, por tanto, estableciendo su aptitud para generar la oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad español. -/- Los argumentos fundamentales de la sentencia (...) que comentamos son dos: en primer lugar, la libre prestación de servicios en el ámbito de la Unión Europea excluiría la posibilidad de interpretar que se pueda imponer la intervención en todo caso de un notario español lo que constituiría una restricción de la libertad fundamental antes citada; y en segundo lugar, entendiendo que los efectos de la escritura pública alemana debían regirse por lo previsto en el Derecho español, esto es, los previstos en el artículo 1.462 del Código Civil, y no los previstos en el Derecho alemán, donde se exige un segundo acuerdo de carácter dispositivo para que se produzca la transmisión de la propiedad. (shrink)

El derecho a la propiedad forma parte indiscutible de la historia y evolución del constitucionalismo, y encuentra su reconocimiento en el artículo 33 de la Constitución Española delimitado por su función social. Cuando se van a cumplir 40 años de nuestra Carta Magna es un buen momento para realizar una revisión de su configuración en nuestro sistema constitucional y, teniendo en cuenta la apertura de nuestro texto constitucional, aproximarnos al mismo desde una perspectiva multinivel, atendiendo por tanto a la (...) importancia de su configuración en el nivel externo, en especial en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Derecho de la Unión Europea. (shrink)

En diversas ocasiones se han producido tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que han trascendido a la opinión pública y que han sido motivo de debates, tanto en la doctrina como en la arena política. -/- Estas tensiones se agudizaron con ocasión de la famosa condena por responsabilidad civil de los Magistrados del Tribunal Constitucional por parte de la Sala Primera del Tribunal Supremo; y que ha sido causa de que el legislador haya (...) introducido en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional una serie de medidas tendentes a fortalecer la posición institucional del máximo intérprete de la Constitución. -/- En este trabajo tratamos de acercarnos a estas tensiones, tanto cuando interviene la Sala Primera del Tribunal Supremo, como cuando interviene la Sala Segunda y la relevancia que tiene cada episodio. -/- A esta situación, se une la fuerza jurídica con la que se acaba de dotar al Tribunal Constitucional con motivo de la reciente reforma de su ley orgánica. El Tribunal Constitucional dispone ahora del instrumento del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que pretende garantizar la fuerza vinculante de su jurisprudencia que ya se desprendía de la Constitución y su ley orgánica. -/- Es necesario estudiar si esta reforma va a ser o no suficiente para garantizar de forma definitiva la supremacía del Tribunal Constitucional en nuestro sistema jurídico-constitucional; y en qué medida esta reforma afecta al equilibrio institucional existente. -/- También se reflexiona, en último lugar, sobre la conveniencia de una articulación distinta del sistema de responsabilidad de los Magistrados constitucionales, que, sin restarles independencia, les dote de una mayor legitimidad en el ejercicio de su función. (shrink)

En este artículo se revisan las principales perspectivas conceptuales y prácticas sociales y políticas que defienden a la Naturaleza como sujeto de derechos, en contraste con las posturas convencionales que la entienden únicamente como objeto de valoración por los seres humanos. Se analizan los aportes sobre los valores intrínsecos en el ambiente, su expresión en posturas biocéntricas y los contrastes con el antropocentrismo propio de la Modernidad. Se consideran sus expresiones concretas en América Latina, especialmente en la nueva Constitución de (...) Ecuador. Seguidamente se distinguen dos perspectivas en la justicia: una ambiental, que se fundamente en los derechos humanos a un ambiente sano y a una mejor calidad de vida, y otra ecológica para los derechos que le corresponden a la Naturaleza. Se repasan sus implicancias en distintas redefiniciones de una comunidad de la justicia ampliada a los seres vivos no-humanos. Se advierte que estos son distintos ensayos en romper el cerco del antropocentrismo característico de la Modernidad. (shrink)

A juicio de los autores, la iniciativa de rebajar el IVA al 12% encuentra asidero legal y constitucional, desde la perspectiva jurídica y académica, como se describe en el artículo científico LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGÁNICA PARA ENFRENTAR EL INEXISTENTE “CONFLICTO ARMADO INTERNO” EN EL ECUADOR , según se explica seguidamente. La propuesta de rebajar el IVA al 12%, es una iniciativa política acertada, justa, pertinente y necesaria frente a una medida gubernamental representativa de un pago indebido de impuestos (...) sin base constitucional, castigado por el Código Tributario ecuatoriano (artículo 122 concatenado a los artículos 306 y 307) . Su aplicación, viene a obedecer al principio de constitucionalidad que hacen de la transparencia y la moralidad pública un imperativo ético de la actuación estatal orientada a restaurar la justicia tributaria y restituir la justicia social en el Ecuador. La propuesta de la candidata Luisa González, desde tal perspectiva, luce inspirada en el principio constitucional y político fundante de la República del Ecuador, que la erige como una República funcional bajo el modelo del Estado de derechos, que promueve la dignidad humana, protege y garantiza los derechos humanos fundamentales, la felicidad social y el respeto a la legalidad como presupuesto de la convivencia pacífica de la comunidad política. La propuesta, vista desde la vertiente académica, se enmarca dentro de lo que calificaríamos como un acto de justicia tributaria (guía de aplicación del principio de legalidad de los impuestos) que, por la proporción de sus efectos sociales y económicos, produce un evidente impacto en términos de justicia social, asumida con sentido de humanidad para favorecer a los ecuatorianos, en especial, a las personas y las familias que de los sectores más vulnerables, en situación de pobreza o debilidad manifiesta, que supone un reintegro por parte del Estado al contribuyente de lo indebidamente recaudado mediante los mecanismos de conciliación y diálogo social definidos al efecto o como resultado de una decisión judicial constitucional que así lo determine. (shrink)

El objetivo de este ensayo es hacer una defensa de la exigibilidad de los derechos económicos y sociales. Esta noción se refiere a “la posibilidad de reclamar ante un juez o tribunal de justicia el cumplimiento, al menos, de algunas de las obligaciones que se derivan [de estos derechos]”. Para realizar este objetivo, procederé de la siguiente manera. En la sección II, haré una reconstrucción de uno de los argumentos más tradicionales que se han ofrecido en contra de (...) la exigibilidad de los derechos económicos y sociales. En la sección III, haré una reconstrucción de la interpretación institucional de los derechos humanos, presentada por el filósofo Thomas Pogge, en su libro La pobreza en el mundo y los derechos humanos. La relevancia de esta interpretación consiste en que pretende trascender la crítica libertariana que sostiene que los derechos económicos y sociales no son derechos humanos. En la sección IV, me ocuparé de los derechos económicos y sociales incluidos en la Constitución nacional y en varios instrumentos internacionales. En la sección V, haré algunas reflexiones sobre la exigibilidad de estos derechos. Finalmente, en la sección VI, extraeré algunas conclusiones de las secciones previas. (shrink)

La democracia en el texto es vista desde una perspectiva integral u onmicomprensiva que complementa la parte instrumental (procedimiento electoral) con la sustancial (goce efectivo de derechos humanos) basado en la concienciación de una real dignidad humana que permita que la persona realice su proyecto de vida, disfrute de sus derechos y funcione efectivamente en la sociedad dentro del Estado democrático constitucional: la interrelación e interdependencia entre democracia, dignidad humana y Estado constitucional de derecho resulta para el autor un (...) norte el cual hay que seguir a cada instante. El libro muestra la importancia de la dogmática actual de la Corte Constitucional colombiana sobre derechos fundamentales, lo cual es un aporte latinoamericano a la estructuración de un constitucionalismo que contribuya con soluciones a favor de la libertad y la justicia en función de la persona humana en un escenario de tensiones evidentes entre la globalización y nacionalismos populistas y patrioteros. En el sentido expresado en el punto anterior la obra del profesor Caldera corrobora la relevancia que dicha dogmática le atribuye a la funcionalidad de los DerechosFundamentales con el logro del contenido normativo de la dignidad humana. Así, para Caldera Ynfante y desde su especial interpretación de la democracia cumple con los requisitos dogmáticos entronizados por la Corte Constitucional para ser considerado como un derecho fundamental generador de todos los efectos instrumentales y sustanciales que le son señalados. El texto nos lleva a establecer conceptualmente con un propósito práctico que la democracia integral, es decir, entendida como derecho fundamental es posible asumirla desde la perspectiva de la denominada teoría de la integralidad de los DDHH a partir de la Declaración y Plan de Acción de Viena sobreDDHH de 1993, instrumento del derecho internacional que resulta apical a partir del cual considera como fundamentales todos los Derechos Humanos. En consecuencia para el autor la democracia integral, como derecho fundamental, es posible asumirla desde la perspectiva del Enfoque Basado enDDHH y así puede ser defendida ante cualquier sistema de protección, ora universal o regional. Por otra parte es necesario para el lector reflexionar en torno al sentido de una democracia integral que para el autor es asumida como una meta garantía de losDDHH; es decir, como el derecho fundamental de los derechos fundamentales. (shrink)

Jellinek define “estatus” como la “relación con el Estado que califica al individuo”. Su teoría distingue cuatro tipos: pasivo o subiectionis, negativo o libertatis, positivo o civitatis y activo o de la ciudadanía activa. Al margen de las polémicas sobre su vigencia, se pretende relacionar la aportación de Jellinek con la concepción del consentimiento informado del Tribunal Constitucional español, quien lo ha definido como deber de abstención de los profesionales sanitarios (STC 37/2011, de 28 de marzo, entre otras), es (...) decir, como una negación de su competencia en la terminología de Hohfeld, o como un derecho de defensa. Debido a la adecuación de su estructura al contenido del consentimiento informado, el análisis se centrará en los estatus negativo y positivo. La cuestión versa sobre la posición de los derechos de defensa en la tesis de Jellinek y si es viable su empleo en la conceptualización de los actuales derechos fundamentales. (shrink)

El presente trabajo analiza el reciente Auto del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de prohibir y limitar el derecho fundamental de reunión y manifestación para tutelar la salud, la vida y la integridad de las personas.

Con la presente ponencia, analizamos el instituto de justicia procesal denominado justicia premial a la luz de lo establecido en la Ley 906 de 2004 colombiana, haciendo énfasis en la situación del capturado en flagrancia, regulado en el artículo 301 de la misma Ley, y del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011. Seguidamente, analizamos esta institución procesal, a la luz del concepto de racionalidad dialógica de Habermas, para luego discutir dicho concepto con la idea del discurso (...) práctico racional de Robert Alexy como manera de alcanzar justicia constitucional; y finalmente, analizar el concepto de justicia vista desde la situación de discriminación inversa presentada en la concepción filosófica de Ronald Dworkin, para luego arribar a algunas reflexiones finales. (shrink)

Se estudia, con fines académicos, el proceso penal de única instancia o de jurisdicción privilegiada, ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana, previsto en el artículo 154.1 de la Constitución dominicana de forma expresa con el objetivo de asegurar el funcionamiento de altos cargos del Estado siendo sujetos procesales pasivos aquellos funcionarios públicos investidos de inmunidad o fuero procesal. Para que la SCJ tenga competencia judicial inobjetable y pueda juzgar válidamente, en única instancia, a personas particulares (...) sin dicha prerrogativa procesal, por arrastre o por conexidad de la causa, tiene que estar autorizada expresamente por la ley procesal penal dominicana (que no es el caso) sin que le valga invocar la jurisprudencia interna porque contradice el derecho convencional y desconoce decisiones vinculantes -cosa interpretada de la Corte Interamericana de DDHH. (shrink)

Resumen: El régimen jurídico de la utilización de los drones plantea grandes retos, siendo esencial un estudio que atienda a los diferentes niveles de regulación, que al menos en la Unión Europea están afectados de provisionalidad y contingencia; así ocurre con el Reglamento 216/2008. Lo mismo ocurre a nivel interno en el Derecho español con la Ley 18/2014 y el nuevo proyecto. Sin embargo, es necesario establecer una adecuada regulación del uso civil de los drones y de la (...) tecnología incorporada -que está en constante desarrollo- garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica para las operaciones con drones, y el respeto de los derechos fundamentales que pueden verse afectados, y ello desde una perspectiva multinivel (UE, interno). Este trabajo pretende precisamente un análisis de la actual normativa europea y española desde esa perspectiva, atendiendo en particular al uso civil de los drones. Abstract: The legal framework the use of the drones points out great challenges, and it is essential to develop a study to attend the different levels of regulation, that at least in the European Union, we can see with provisionality and contingency, as it is the case of the Regulation 216/2008. The same thing happens internally in Spanish Law with the Law 18/2014. However, we need to establish an adequate regulation of the civilian use of drones and embedded technology - which is in constant development - while ensuring legal security for drone operations, and respect for fundamental rights that may be affected, with a multi-level legal perspective (EU, internal). This work is precisely an analysis of the current European and Spanish legislation from that perspective, with a particular focus on the civil use of drones. (shrink)

- Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación - EL ARCHIVO EN LA INSTRUCCIÓN. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. IDENTIDAD DEL JUZGADOR. ADICCIONES, CÁRCEL Y CONDENA CONDICIONAL. EXPULSIÓN DE MIGRANTES CONDENADOS. JUICIO POLiTICO, PÉRDIDA DE JUBILACIÓN Y SANCIÓN PENAL. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO. TRATA Y EXPLOTACIÓN LABORAL. RESPONSABILIDAD PENAL DE VICTIMAS DE PENAS ILICITAS.

¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta en este momento Europa? ¿Son de organización, de procedimientos, de técnica jurídica? ¿O apuntan a una crisis más profunda capaz de poner en tela de juicio sus propios fundamentos? Elemento clave en la configuración histórica de la civilización europea, el cristianismo, cuyo papel en la articulación de un ideal común de vida podía darse por sentado hasta hace apenas unas décadas, pasa ahora por una situación un tanto delicada. La dificultad se (...) agrava con el descrédito de ciertos modelos de integración social en el contexto del multiculturalismo, la posición de Europa ante la amenaza del terrorismo fundamentalista, la inestabilidad de la actual reconfiguración de fuerzas en el orden internacional o la propagación de un peligroso escepticismo hacia las instituciones comunitarias. Este volumen pretende iluminar todas estas cuestiones desde una perspectiva interdisciplinar, con una mirada atenta a los principios religiosos, culturales y morales que han dado forma a la Europa de hoy, y a las exigencias políticas y legales derivadas de los valores fundacionales de la Unión. (shrink)

Se diserta sobre “RESISTENCIA TRIBUTARIA” JUSTIFICADA EN EL ECUADOR. Ello, porque gobierno del presidente Daniel Noboa estableció todo un “paquete” de “impuestos de guerra”, como la Contribución Temporal de Seguridad (CTS); un incremento del IVA, a discreción del presidente de la República, el pechaje del sector construcción, transferencias al exterior y otros impuestos. Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica (en adelante, la Ley), publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 516 del 12 de (...) marzo de 2024, trayendo a discusión los aspectos jurídicos que vician de posible inconstitucionalidad dicha Ley, con fundamento en la normativa constitucional y tributaria de Ecuador. Con la Ley, dado el contexto de su aprobación, el gobierno creó un ´impuesto de guerra´, para financiar una guerra inexistente, partiendo del hecho que la Corte Constitucional del Ecuador estableció que en el país no existe un “Conflicto Armado Interno” (CAI). Así lo estableció en sus Dictámenes 5-24-EE/24 del 9 de mayo de 2024 y 6-24-EE/24 del 13 de junio de 2024, en los que declaró inconstitucionales los decretos ejecutivos No. 250 de 30 de abril de 2024 y 275 del 22 de mayo de 2024, relacionados con el Estado de Excepción que ha regido en Ecuador desde el 10 de enero de 2024, soportado éste en la presunta existencia de un CAI, “decertado” y reconocido sin fundamento jurídico, pese a que no cumple con los supuestos fácticos y normativos fijados, con fuerza ius cogens, por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)7 para ser calificado como tal. El ´impuesto de guerra´, fijado en la Ley, por inconstitucional, es confiscatorio. Los Dictámenes, en el plano de la reflexión tributaria, reflejan la patética violación al principio de la constitucionalidad y de la legalidad fiscal, resultando viciada de nulidad absoluta la Ley y, con ella, la configuración del tributo, porque el hecho imponible (CAI) es inexistente, implicando que el presupuesto establecido por la Ley para configurar cada `impuesto de guerra´ jamás tendrá materialización práctica (por inexistente) y nunca tendrá validez jurídica (por inconstitucional), resultando en un tributo confiscatorio, surgido contra la Carta Fundamental y evidente fraude a la legalidad tributaria del país, en perjucio del patrimonio personal o corporativo de los contribuyentes, residentes fiscales o establecimientos permanentes en el país a los que somete a un pago indebido sancionado en el artículo 122 10 , concordado con los artículo 306 al 307 del Código Tributario del Ecuador. La nulidad absoluta e ineficacia del hecho imponible, por inconstitucional, deriva en la invalidez plena y la irrelevancia constitucional del inexistente hecho generador del tributo -proveniente de un acto de naturaleza jurídica - por la no realización fáctica, tangible y concreta del presupuesto generatriz establecido (CAI) en la Ley para su configuración. Como consecuencia, nunca jamás surge válidamente la obligación tributaria, cuya exigencia resulta ineficaz, por ilegal e ilusoria. La obligación tributaria, tiene que calificarse, en tal sentido, como no nacida lícitamente en el ámbito fiscal. Con ello, habría de resultar confiscatorio el pago de la alicuota del `impuesto de guerra´ fijado por el gobierno ecuatoriano de modo inconstitucional abusando del ejercicio del poder tributario relacionado con la urgencia en materia económica. Ante las hondas repercusiones económicas que genera en la población y el sector productivo del país, se describen las posibles vías institucionales disponibles en la regulación ecuatoriana para impugnar la Ley ante la Corte Constitucional del Ecuador -o en la jurisdicción constitucional- sin menoscabo de la eventual activación de la competencia derogatoria de la Asamblea Nacional frente a la misma. Se reafirma el principio de justicia tributaria y la vigencia del Estado social de derechos y de justicia consagrado en la República del Ecuador y la plena efectividad de los derechos y garantías fundamentales de los hermanos ecuatorianos ubicados en la posición de destinatarios de un "impuesto de guerra" tan arbitrario como inconstitucional, que riñe con el enunciado constitucional y convencional del respeto a la dignidad humana y la incolumidad de la propiedad privada frente a actuaciones del Estado que representan un claro abuso en el ejercicio del poder público en desmedro de la legalidad fiscal, generador de un supuesto de patética injusticia tributaria adoptada a contracorriente de toda regulación en materia de impositiva con la publicación de la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica. En la lucha contra conductas gubernamentales transgresoras de la dignidad humana y frente a leyes inconstitucionales que afectan los derechos fundamentales, la libertad económica y la propiedad privada de los hermanos contribuyentes ecuatorianos y sus empresas afectadas. Este esfuerzo intelectual, realizado por nuestra familia de abogados, es una reverencia a la gesta de nuestros libertadores y un llamado al pueblo ecuatoriano económicamente afectado a resistir, por medios institucionales, frente al pago de impuestos arbitrarios e ilegales que atentan contra los principios fundamentales del orden público económico previsto en la Ley Fundamental. Lo anterior, como una singular expresión reglada, lícita y avanzada de dar al traste con una ley orgánica fiscal tan arbitraria como injusta, activando los mecanismos de protección de los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos en el Ecuador. La pretensión judicial traduciría, mutatis mutandis, en la activación institucional de la añeja figura de la "resistencia tributaria" (objeción fiscal, desobediencia tributaria), que, en sus orígenes, nació como expresión de la desobediencia civil frente a leyes impositivas injustas, con el precedente del escritor estadounidense Henry David Thoreau, encarcelado por negarse a pagar un tributo electoral, reticente a contribuir con la continuidad de la esclavitud y la financiación de la Guerra entre México y EEUU, basado en la idea de que las personas deben priorizar su conciencia sobre la obediencia a leyes injustas. -/- . (shrink)

Aunque la obra de Carlos Nino es caracterizada principalmente por sus aportes a la teoría constitucional y a la teoría de democracia, sus contribuciones a la filosofía penal no pasan inadver­tidas. De esto dan cuenta varios trabajos de su autoría sobre responsabilidad penal, sobre legitima defensa (Nino, 1982), sobre la dogmática penal (Nino, 1974), entre otros. En su tesis doctoral, supervisada por J. M. . Finnis y A. M. Honore, Nino propone las bases para un enfoque alternativo tanto a la (...) teoría del delito continental europea, la que identifica como un enfoque conceptual, como al enfoque intuicionista presente en la teoría de la responsabilidad penal en el derecho ingles (Nino, 1980b). Las bases de la teoríaa propuesta por Nino se apoyan en el valor de la autonomíaa y están constituidas por su teoría consensual del castigo y la defensa del principio de enantioledidad comocondición de la responsabilidad penal. (shrink)

El presente escrito pretende analizar el principio de lesividad en un concreto ordenamiento legal como es el argentino. Para ello se utilizará al caso “Barrio Ituzaingó anexo de la ciudad de Córdoba”. Se intentarán evaluar los argumentos del tribunal a los fines de dilucidar si son acordes con lo que el ordenamiento constitucional argentino permite. Asimismo, se introducirá un inconveniente -el problema de la no-identidad- el que nos dejará frente a una situación dilemática.

El Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht en 1992 introdujo cambios revolucionarios en las competencias de la Comunidad, pues, por vez primera, se admite que la acción de la Comunidad implicará «una contribución a una enseñanza y a una formación de calidad, así como el desarrollo de las culturas de los Estados miembros». La evolución de esta nueva situación no ha sido satisfactoria por los problemas de fondo de la Unión Europea y por las dificultades que (...) hoy entraña toda acción verdaderamente educativa. El artículo analiza los intentos que se realizaron a partir del 1992 para introducir una profunda dimensión europea de la educación, con las implicaciones axiológicas que ello comporta, y cómo estos intentos se encontraron ante diversos obstáculos poderosos que les han reducido a un estado de hibernación. A partir de fines del 1999 se consolida una nueva tendencia funcionalista en la política de la educación europea, que ha sido refinada en estos dos años, encontrándonos ahora, por mucho que sean limitados sus horizontes, ante unas pautas de trabajo que pienso serán beneficiosas para introducir mayores cotas de racionalidad en la política educativa de los Estados miembros. (shrink)

Spanish Abstract: A partir de un análisis desde la historia del derecho, este artículo de investigación busca demostrar la existencia de un significado de justicia social en el discurso jurídico transnacional actual que se resume en la garantía de estos tres elementos: Estado Social de Derecho, dignidad humana e igualdad de oportunidades. Con esto, se pretende superar el simple estudio de teorías de filósofos de moda como John Rawls a la hora de abordar el problema de cómo (...) entender y materializar la justicia social, particularmente, en el plano constitucional. Finalmente, con la ayuda de algunos breves estudios de caso, se espera proveer un marco mínimo útil para entender cómo la justicia social puede lograrse a través del derecho. -/- English Abstract: Based on an analysis from legal history, this paper seeks to prove the existence of a meaning of social justice in the current transnational legal discourse that can be synthetized in the warranty of these three elements: Social Rule of Law, human dignity, and equal opportunities. Thus, it aims to overcome the mere study of theories of justice drawn up by trendy philosophers like John Ralws when addressing the problem on how to understand and achieve social justice, specially, in constitutional law. Finally, with the help of some brief case studies, the author hopes to provide a minimum framework useful to understand how social justice can be realized through law. (shrink)

El capítulo parte por ubicar el contexto social y político en el que se enmarca el cambio constitucional de 1991 en Colombia, asimismo, sus antecedentes jurídicos-políticos, a fin de dar cuenta de las diversas estrategias utilizadas para su aprobación y desarrollo. Seguidamente, nos ocupamos de las discusiones que al interior de la ANC se dan sobre la salud, y la forma bajo la cual se configuran las políticas sociales bajo la nueva forma de Estado Social de Derecho, para presentar (...) finalmente algunos elementos de discusión. (shrink)

Hacia la reconstrucción de un modelo integrado de proporcionalidad a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Derecho y la Ética mantienen una relación estrecha, aunque no muchas veces se le brinda la atención que dicha vinculación merece. El análisis y la evaluación moral de las instituciones jurídicas y políticas conforman lo que se denomina "Jurisprudencia Normativa" o también "Ética Política". Una disciplina capaz de hacer avanzar el estudio de políticas públicas y herramientas jurídicas y sociales y, a la vez, juzgar su adecuación a criterios de corrección moral política. Este ha sido nuestro objetivo en (...) la compilación de los trabajos que componen este libro: ofrecer una investigación tanto de las instituciones como de las acciones de quienes participan en las prácticas que tienen lugar a partir de dichas instituciones. Los trabajos que se compilan aquí parten de un hecho difícilmente controvertible, esto es, que tanto los ciudadanos como los operadores jurídicos, en tanto participantes activos de una sociedad, pueden adoptar una actitud reflexiva frente a las instituciones jurídicas. De hecho, la concepción que se pretende impulsar a través de nuestras investigaciones afirma que existe un deber de desarrollar esta actitud. Al menos es un deber que corresponde a aquellos que están de una u otra manera vinculados con las profesiones jurídicas. Esta actitud de reflexión crítica se presenta en dos tipos de juicios de moralidad política: uno relacionado con las instituciones y otro con las acciones que se llevan a cabo dentro de aquéllas. (shrink)

This paper analyses the arguments for and against what we have called automatic organ procurement model in relation to the organs of the deceased. For this purpose, this work provides empirical evidence to assess the potential impact of this model on donation rates and on public opinion. Specifically, we examine first the reasons supporting this model, with special reference to utilitarian and justice arguments. On the other hand, we analyse both the approaches based on the violation of pre mortem and (...) post mortem interests opposing this theoretical model and the rejection the model would generate in the population. Finally, we point out the aspects that, in our opinion, should be exhaustively regulated if this model were implemented. In particular, we refer to the legal status of the human body, the treatments for end-of-life patients, the incentives for health professionals and the recognition of the right to conscientious objection. (shrink)

El régimen jurídico de la utilización de los drones plantea grandes retos, siendo esencial un estudio que atienda a los diferentes niveles de regulación que, al menos en la Unión Europea, están afectados de provisionalidad y contingencia; así ocurre con el Reglamento 216/2008. -/- Sin embargo, es necesario establecer una adecuada regulación del uso civil de los drones y de la tecnología incorporada –que está en constante desarrollo– garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica para las operaciones con drones y (...) el respeto de los derechos fundamentales que pueden verse afectados, y ello desde una perspectiva multinivel (UE, interno). -/- Este trabajo pretende precisamente un análisis de la actual normativa europea y española desde esa perspectiva, atendiendo en particular al uso civil de los drones. (shrink)

El reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza es mucho más que una novedad sudamericana. Expresa un cambio sustancial en las formas de valorar y entender a la Naturaleza. Desde allí surgen muchos otros cambios sustanciales, examinados uno a uno en esta obra. Se abren las puertas a los aportes interculturales, abordándose por ejemplo los entendimientos sobre sobre la Naturaleza y la Pachamama. Quedan en evidencia distintas corrientes en el desarrollo sostenible, y surge la necesidad de construir otras políticas públicas (...) sobre el ambiente. Se reclama un retorno de la biología de la conservación a su compromiso inicial con la protección de la Naturaleza. Se cuestiona repetidamente la pretensión de reducir los valores de la Naturaleza a las dimensiones mercantiles, y la insistencia en las compensaciones económicas como sucedáneo de la conservación y la restauración ambiental. Adicionalmente, al entender a la Naturaleza como sujeto de derechos, indefectiblemente se debe construir una justicia ecológica que avance de la mano con una justicia ambiental, y una ampliación de la ciudadanía hasta incluir el ambiente. Estos y otros temas son tratados en esta obra, desde una perspectiva biocéntrica, donde todos los seres vivos son sujetos de valor. Se transitan los avances y retrocesos observados en distintos países latinoamericanos, y en especial en Ecuador. Se aplica una mirada multidisciplinaria, y además se articulan los aportes académicos con las prácticas y vivencias de los movimientos sociales. Es, a fin de cuentas, un reclamo para tomarse muy en serio, y sin concesiones, los derechos de la Naturaleza. (shrink)

Aportaciones heurísticas a la investigación en el derecho constitucional. Los principios democráticos en la doctrina constitucional española como ejemplo práctico.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) nació en Latinoamérica. Ante la creencia imprecisa de que el DIH surgió tras la batalla de Solferino (24 de junio de 1864), como consecuencia de la experiencia de Henry Dunant, se refuta y demuestra que tal aseveración carece de sustentación empírica y científica porque desconoce la importancia histórica y jurídica del Tratado de Regularización de la Guerra y el Tratado de Armisticio suscrito entre la República de Colombia (presidida por El Libertador Simón Bolívar) y (...) el Reino de España (representada por el Mariscal Pablo Morillo) en Trujillo, Venezuela, el 27 de noviembre de 1820, que culminó con el encuentro de ambos líderes combatientes en la histórica población de Santa Ana de Trujillo, llamada, desde entonces, "Morada de Paz" o "Cuna de la Diplomacia Americana". Se destaca en el texto que tales Pactos Internacionales, denominados los "Tratados de Trujillo", fueron aplicados, a modo de precedente jurídico y humanitario, en las diversas Capitulaciones y Acuerdos de Paz que van desde 1820 a 1830 durante el curso de la Lucha de Emancipación frente al imperio español, dando nacimiento al "Derecho de la Guerra" moderno sometido a los sentimientos de piedad, justicia y humanidad. La obra destaca que, a contrario sensu de la opinión mayoritaria, el DIH se configuró en Latinoamérica durante la Guerra de Independencia que lideraron El Libertador Simón Bolívar, El Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre y los Padres Libertadores de la Gran Colombia (antes integrada por los ahora Estados de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela) frente al Reino de España, entre 1810 y 1830. La aseveración relacionada con que el DIH nación en dicho contexto local (y no en Europa), tiene como soporte legal, jurídico o dogmático un enorme cúmulo de instrumentos bilaterales y multilaterales (Acuerdos, Capitulaciones, Amnistías y Tratados) que sentaron las bases del "Derecho de la Guerra" o de la humanización del acto violento la guerra a través de su sometimiento a las reglas jurídicas como mecanismo para contener la venganza, la aniquilación y la destrucción de la vida y los bienes del enemigo en el conflicto bélico. Se sostiene que con dicha regulación, se generó y consolidó el Corpus Iuris Pro Humanitatis, para, en medio de la guerra sometida, a la legalidad y el sentido de justicia, resaltar y proteger la dignidad humana de los combatientes, heridos, enfermos, prisioneros de guerra, población civil (no beligerante), los bienes ajenos a las operaciones militares y lograr preservar la paz como valores y principios superiores de la humanidad. Para confirmarlo, vale la cita textual de lo afirmado por Simón Bolívar, El Libertador, cuando le escribió entonces a Pablo Morillo que ambos Estados estaban compelidos a suscribir "...un tratado verdaderamente santo, que regularice la guerra de horrores y crímenes que hasta ahora ha inundado de lágrimas y sangre a Colombia, y que sea un monumento entre las naciones más cultas, de civilización, liberalidad y filantropía..." (Simón Bolívar: Carta a Pablo Morillo, Cuartel General de Carache, 3 de noviembre de 1820). -/- Contenido del libro: Parte Primera. Elementos teóricos y normativos. Clásicos que forjaron el ius in bello hispano fuente jurídica primaria del ius in bello hispano-grancolombiano y del DIH contemporáneo: Capítulo I. Aportes de la edad antigua al ius in bello en general. Capítulo II. La Edad media y la Edad moderna: sus aportes en la definición de la «guerra justa» como teoría influyente en la fundamentación del ius in bello hispano. Parte Segunda. La Escuela de Salamanca y su influencia en el desarrollo del derecho internacional y el ius in bello hispano: Capítulo I. Sobre la Escuela de Salamanca y la ’guerra justa‘. Capítulo II. Otros referentes teóricos y regulatorios europeos y americanos relacionados con la conformación del ius in bello. Capítulo III. La edad contemporánea, el ius in bello y los DDHH. Parte Tercera. Acuerdos humanitarios entre la corona española y los beligerantes independentistas de Venezuela y la Nueva Granada antes de los tratados de Trujillo (1812/1819). Capítulo II. El trienio de los acuerdos humanitarios hispanograncolombianos durante el trienio liberal español: los tratados de Trujillo de 1820 y su aporte a la configuración del ius un bello hispano-grancolombiano. Parte Cuarta. El trienio de los acuerdos humanitarios hispanograncolombianos durante el trienio liberal español: otros acuerdos humanitarios convencionales para la regulación y humanización de la guerra posteriores a los tratados de Trujillo: Capítulo I. Las capitulaciones hispano-grancolombianas en Venezuela despues de los tratados de Trujillo. Capítulo II. Acuerdos humanitarios convencionales iberoamericanos en la campaña libertadora del sur del continente americano. Parte Quinta. Otros referentes normativos y conceptuales posteriores a los tratados de Trujillo y el impacto del ius in bello hispano-granclombiano en los principios basicos del DIH de las convenciones de Ginebra: Capítulo I. Referentes conceptuales y jurídicos posteriores a los tratados de Trujillo, que influyeron en la conformación del derecho humanitario de la guerra y del DIH contemporáneo. Capítulo II. La influencia notoria del ius in bello hispano-grancolombiano sobre la configuración de los principios básicos del DIH vigente. Capítulo III. Reflexiones sobre la odiosidad de la guerra y un proyecto de futuro para Iberoamérica y la familia humana. (shrink)

El consentimiento informado del paciente se inserta en el ámbito de su autonomía decisoria. Aunque presenta un sustrato corporal, este aparece combinado con elementos de índole moral que presuponen una noción concreta de persona como libre y autónoma. Tanto de las definiciones doctrinales como del material normativo se desprende que se trata de una posición jurídica subjetiva del paciente, alternativamente calificada como una “pretensión” o “derecho subjetivo en sentido estricto”, en términos hohfeldianos; un “derecho negativo de defensa”, o (...) una “inmunidad”. En España, el Tribunal Constitucional ha vinculado el consentimiento informado del paciente al derecho fundamental a la integridad física y moral (15 CE), lo cual permite plantear el análisis en clave iusfundamental. Con todo, se advierten dudas e incompatibilidades entre la explicación habitual del consentimiento informado, su fundamento constitucional y su regulación jurídica. El objetivo del presente libro consiste en proporcionar una definición integral del consentimiento informado como derecho subjetivo del paciente y como manifestación de un derecho fundamental, a partir de una óptica poliédrica que aporta certeza en la práctica asistencial y jurídica. // The patient's right to informed consent is inserted within the scope of his decisional autonomy. Although it has a bodily background, it is combined with features of moral nature, which presupposes a concrete notion of the person as free and autonomous. Both, doctrinal approaches and normative legal material show that it is a subjective legal position of the patient, being alternatively qualified as a Hohfeldian “claim” or a “subjective right in a strict sense”; a "negative right" or an "immunity." The Spanish Constitutional Court has linked the informed consent of the patient to the fundamental right to physical and moral integrity (15 CE), which allows us to propose a fundamental rights-based analysis. Nonetheless, doubts and inconsistencies are perceived between the customary explanation of informed consent, its constitutional foundation and its legal regulation. The aim of this book is to provide a comprehensive definition of informed consent as subjective right of the patient and expression of a fundamental right, from a multi-fold perspective that provides certainty in both legal and health care practice. (shrink)

La investigación concibe la democracia como un derecho fundamental, embrionario y complejo, cuyo contenido esencial es un haz de derechos, todos fundamentales, que recíprocamente se realizan de manera interrelacionada e interdependiente a su goce efectivo en el Estado social de derecho, que cumple los requisitos de dogmática jurídica de la Corte Constitucional colombiana, concebidas en normas supranacionales vinculantes, integrado por una faceta procedimental (formación del principio de mayorías) y otra sustancial (concreción de la dignidad humana y goce de (...) los derechos fundamentales de su núcleo esencial), denominado democracia integral, democracia iusfundamental o D+EBDH. (shrink)

La naturaleza del ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla derechos fundamentales y busca implementar nuevos derechos que han ido surgiendo en los últimos años. Sin embargo, estas acciones deben respetar los derechos fundamentales ya establecidos, un área de particular tensión es el conflicto entre el derecho al acceso a la información, específicamente los procesos judiciales y el derecho al olvido. La investigación buscó, por tanto, analizar cómo Ecuador, a través de leyes como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (...) o el Código Orgánico de la Función Judicial busca equilibrar el alcance e intereses de estos derechos; para ello se requirió al uso de leyes, normas y doctrinas para su análisis que, junto al método sintético-analítico, inductivo y deductivo sirvieron para comprender y delimitar de mejor manera los temas objeto de estudio y la información en general. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un método para la evaluación del derecho de publicidad de procesos contra el reconocimiento del derecho al olvido en un ecuador constitucional. Se examinó la implementación del derecho al olvido, definición de información pública y el principio de publicidad, concluyendo que, Ecuador enfrenta el reto de desarrollar un marco legal sólido que proteja tanto la transparencia y rendición de cuentas como la privacidad y la dignidad de las personas en la era digital. Los jueces y legisladores deben considerar cuidadosamente los casos concretos y buscar soluciones que equilibren estos derechos fundamentales. (shrink)

Este proyecto responde a un momento histórico de gran importancia, que por supuesto no pudo ser más oportuno. Colombia celebra en el año 2006 los quince años de la promulgación de su Constitución Política, y los cambios de trascendentales surgidos a partir de su aplicación has sido prolíficos, Particularmente, el tema ambiental ha sobresalido dentro de las grandes transformaciones del país, y por ello no en vano hoy se afirma que tenemos una verdades Constitución ecológica. De igual forma, la Facultad (...) de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario conmemora los die años de la creación de la especialización en Derecho Ambiental, y tal coincidencia histórica fue una motivación adicional para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida en este decenio, una evaluación de la gestión ambiental colombiana y de sus distintos impactos en una sociedad que cuenta hoy en día con herramientas constitucionales legales para la defensa de sus derechos e interese colectivos. La Universidad del Rosario ha sido parte de esta evolución, desarrollando un rol activo con el cual se han abierto espacios de discusión y de proposición de alternativas, herramientas y experiencias en pro de la protección integral de la diversidad étnica, cultural y natural de la Nación colombiana. Así, se ha constituido como facilitadora del proceso de la formación de los nuevos actores y ha tenido gran posicionamiento en procesos de participación y de estructuración de proyectos institucionales ambientales. (shrink)

En la presente reflexión, se exponen algunos de los efectos jurídicos y procesales derivados de la Declaración Conjunta de Argyle por el Diálogo y la Paz entre Guyana y Venezuela (Declaración Conjunta, en adelante), publicada en San Vicente y Las Granadinas en fecha 14 de diciembre de 2023. Se analizan, de manera sucinta, las implicaciones procedimentales que la Declaración Conjunta, asumida como elemento material probatorio, genera a favor de la posición jurídica de Venezuela que puede promover, con base a una (...) serie de hechos nuevos de relevante valor y eficacia procesal, tanto la i) la excepción de inadmisibilidad sobrevenida de la demanda judicial que, por el territorio de la Guayana Esequiba, promueve Guyana contra Venezuela, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dada la improcedencia de la misma y ii) la excepción de incompetencia sobrevenida de la CIJ para tramitar y decidir el litigio... El autor deja simplemente enunciado que, Generales del Derecho Internacional, concordados al artículo 52 de la CVDT y con la Declaración Conjunta de Argyle, es jurídicamente factible que Venezuela, conforme a los Principios el procedimiento de los artículos 65 y 66 ejusdem, promueva la nulidad absoluta retroactiva del Tratado Arbitral de Washington de 1897 y, de manera consecuencial, la nulidad absoluta retroactiva, ya reconocida, del Laudo Arbitral de París de 1899 por la coacción y la agresión y la invasión territorial que sirvieron de contexto y pretexto para su aprobación por parte de Venezuela, como medio para tratar de darle aparente legalidad a la ocupación militar ilegal de nuestro territorio Esequibo por parte del Reino Unido. (shrink)

This essay accounts for part of the moral, social and legal problems behind the attempts for justifying and implementing the so-called right to be forgotten in the Internet. Such right implies that –under certain circumstances–individuals are entitled to demand that search engines remove links containing their personal information. Our inquiry reflects on a ruling issued by the Court of Justice of the European Union and made public on May 13th 2014, as well as on the recommendations conveyed in Article 29 (...) of the Data Protection Working Party, the practice of Google and the report of its Advisory Council. (shrink)

Resumen. El proceso de transformación digital que vivimos y el desarrollo progresivo de las tecnologías disruptivas emergentes están afectando al derecho, y en particular al constitucional, al menos tal y como se había entendido hasta ahora, especialmente desde la perspectiva del paradigma de los derechos fundamentales y de las categorías y conceptos utilizados en la dogmática constitucional. Este pequeño trabajo, desde una perspectiva multidiciplinar, incluyendo la dogmática constitucional (análisis constitucional) y la sociología jurídica (análisis social), constituye una aportación al (...) debate dogmático en torno a las aporías que enfrentan los derechos fundamentales en la era digital. Abstract. We are immersed in a process of digital transformation in which emerging disruptive technologies are affecting the law, and in particular constitutional law, at least as we had understood it until now, especially from the perspective of the fundamental rights paradigm and of the categories and concepts used in constitutional dogmatic. This small contribution, from a multidisciplinary approach, including constitutional dogmatic (constitutional analysis) and legal sociology (social analysis) perspectives, constitutes a contribution to the dogmatic debate around the aporia of fundamental rights in the digital age. (shrink)

El paper realiza una exposición sobre el concepto y contenido de la nulidad y el restablecimiento del derecho como medio de control a la luz de la Ley 1437 de 2011; enfocándola en asuntos ambientales a través del estudio de la licencia ambiental.

En la presente reflexión, se exponen algunos de los efectos jurídicos y procesales derivados de la Declaración Conjunta de Argyle por el Diálogo y la Paz entre Guyana y Venezuela (Declaración Conjunta, en adelante), publicada en San Vicente y Las Granadinas en fecha 14 de diciembre de 2023. Se analizan, de manera sucinta, las implicaciones procesales que la Declaración Conjunta, asumida como elemento material probatorio, genera a favor de la posición jurídica de Venezuela que puede promover, con base a una (...) serie de hechos nuevos de relevante valor y eficacia procesal, tanto la i) la excepción de inadmisibilidad sobrevenida de la demanda judicial que, por el territorio de la Guayana Esequiba, promueve Guyana contra Venezuela, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dada la impprocedencia de la misma y ii) la excepción de incompetencia sobrevenida de la CIJ para tramitar y decidir el litigio... Los autores dejan enunciado que, conforme a los Principios Generales del Derecho Internacional, concordados al artículo 52 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y con la Declaración Conjunta de Argyle, es jurídicamente factible que Venezuela, conforme a los Principios el procedimiento de los artículos 65 y 66 ejusdem, promueva la nulidad absoluta retroactiva del Tratado Arbitral de Washington de 1897 y, de manera consecuencial, la nulidad absoluta retroactiva, ya reconocida, del Laudo Arbitral de París de 1899 por la coacción y la agresión y la invasión territorial que sirvieron de contexto y pretexto para su aprobación por parte de Venezuela, como medio para tratar de darle aparente legalidad a la ocupación militar ilegal de nuestro territorio Esequibo por parte del Reino Unido. (shrink)